Llegó de madrugada a la casa que compartía con su esposa y que había abandonado dos semanas atrás. Había bebido. Ella quería dejarle. Discutieron. Él, José Manuel M., «le pegó un golpe en la espalda». El Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia lo considera probado, pero afirma que éste no es un caso de maltrato -como sostenía el fiscal- porque la psicóloga «no apreció ansiedad en la mujer ni estrés postraumático y no aparecen datos para estimar que existen relaciones de poder por sexo entre ambas personas ni machismo claro».

Con este argumento, el juez absuelve al acusado del delito de violencia doméstica por el que el Ministerio Público pedía un año de prisión y dos de alejamiento, y le condena a 180 euros por una falta de lesiones. Concluye el magistrado que «no queda probada la existencia de discriminación, situación de desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer».

Los hechos ocurrieron en enero de 2006, en Benigánim (Valencia). El juicio se celebró el 9 de julio de 2007, pero la sentencia no se ha dictado hasta ahora porque, tras la vista, el juez presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Integral contra la Violencia de Género por entender que era discriminatoria para el varón.

Dice en su resolución que hay que «evitar el automatismo» en la aplicación de esta norma para preservar los principios de «igualdad y proporcionalidad» y que por eso sólo cabe hablar de delito de maltrato cuando los golpes a la mujer en el seno de la pareja sean «manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».

Corriente catalana

El magistrado se adhiere así a una corriente inaugurada por la Audiencia de Barcelona. Pese a que el artículo 153 del Código Penal castiga como delito cualquier agresión de un hombre a su pareja, la Audiencia, en varias sentencias, mantiene que para hablar de delito, el golpe «deberá lesionar más allá de la integridad física y ser un instrumento de discriminación, dominación o subyugación».

Los críticos con esta corriente creen que se está torciendo la voluntad del legislador exigiendo requisitos que no están en la ley, y mantienen que un golpe de un hombre a una mujer siempre es expresión de machismo.