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EL PSOE DEJA EN MANOS DEL SENADO LA REFORMA DE LA CUSTODIA COMPARTIDA |
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22.04.2005 |
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El Congreso aprueba la ley del divorcio, que permite la ruptura a los tres meses de la boda, pero la parte más polémica del texto será modificada en la Cámara Alta. Rocío Ruiz.
Madrid- El pleno del Congreso aprobó ayer la reforma de la ley del divorcio que elimina la necesidad de alegar causas para separarse, acorta los plazos para tramitar el divorcio (tres meses desde la celebración del matrimonio), suprime la separación previa y regula que se puedan resolver en juicios rápidos.
La norma, que estará en vigor previsiblemente el 1 de julio, fue aprobada por 192 votos a favor y contó con la abstención del PP. Ahora será remitida al Senado, donde el Grupo Socialista dejó abierta la posibilidad de «retocar» uno de los puntos más polémicos de la reforma: la custodia compartida. Según el dictamen aprobado ayer, se podrá compartir si hay acuerdo entre los dos miembros de la pareja, pero también, un juez podrá dictarla de manera excepcional a instancia de una de las partes, si existe un informe positivo del Fiscal que considere que de esa forma se protege el interés del menor.
En un principio, el que el Gobierno planteara en el proyecto de ley la posibilidad de que los jueces pudieran decidir la custodia, incluso sin acuerdo de los progenitores, provocó fuertes discrepancias por parte de las asociaciones de mujeres. Varios grupos políticos introdujeron enmiendas para que sólo pudiera otorgarse si había acuerdo entre los padres.
Al margen de que el portavoz socialista, Julio Villarrubia, dejara abierta la posibilidad de cambio de este punto, que ahora queda en manos del Senado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez-Zapatero también se comprometió hace dos días a revisar de nuevo esta cuestión.
El proyecto de ley del Gobierno para agilizar y simplificar el divorcio ha incorporado otras novedades importantes a su paso por la Cámara Baja. El nuevo texto incorpora modificaciones en el artículo 68 del Código Civil que recoge el nuevo deber conyugal de repartirse las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a cargo.
Así, una vez que entre en vigor el texto aprobado, las parejas que se casen tendrán que escuchar por boca de quien celebre la boda el artículo 68 artículo ampliado con los nuevos deberes que tienen que asumir y que se sumarán a la obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse. La autora de esta modificación fue la diputada del PNV Margarita Uría, quien lamentó algunos comentaran con sorna si iba a haber inspectores que vigilaran el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
Según el texto aprobado ayer, el Gobierno también deberá remitir al Parlamento un proyecto de ley por el que el Estado se hará cargo del impago de los alimentos a favor de los hijos menores de edad en casos de separación y divorcio.
Otra de las novedades introducidas hace referencia a la retroactividad de la ley, de tal manera que las parejas que se encuentren inmersas en un proceso de separación, tendrán un margen de cinco días de plazo para solicitar directamente el divorcio.
Además, establece la obligación de crear una Ley de Mediación para que sea una recurso voluntario y alternativo a la solución de litigios por la vía del mutuo acuerdo.
El Grupo Popular se abstuvo en la votación al entender que «el proyecto es bien intencionado, pero hay cuestiones que no están claras y que plantearán más dudas en un futuro». La diputada del PP Carmen Matador aludió a que «cuestiones que preocupan, como la custodia compartida, se regulan de pasada y tenía que haberse abordado de otra manera». En este caso se mostró a favor de que se otorgara si hay acuerdo entre los dos miembros de la pareja.
El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones reclamó al Gobierno la Ley de Mediación Familiar que ahora queda pendiente de elaborar, mientras que Mercé Pigem, de CiU, resaltó que el futuro Fondo de Garantía de Impago servirá para paliar situaciones de pobreza y defendió que la custodia compartida sea una cuestión de mutuo acuerdo.
En nombre de IU-ICV, Isaura
Navarro se mostró satisfecha del «avance» que supone el cambio legal y defendió la mediación entre los miembros de la familia como una forma de resolver los conflictos en el ámbito extrajudicial, la misma idea que expuso ERC.
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