El Gobierno se interesa por el Código Civil catalán para tomarlo de ejemplo

Varias asociaciones critican la supresión de la custodia compartida del texto

El Gobierno se ha interesado por el anteproyecto de Código Civil catalán que prepara el Departamento de Justicia de la Generalitat para tomarlo de ejemplo y estudiar la incorporación de algunos aspectos a la legislación española. En las últimas semanas, los ministerios de Justicia e Igualdad, así como la Vicepresidencia del Gobierno han solicitado el borrador del anteproyecto del Libro Segundo del Código Civil de Familia de Cataluña, que aprobará el Ejecutivo de José Montilla en unas semanas.

El Gobierno reformó en 2005 el Código Civil para introducir el divorcio exprés y renunció entonces a introducir la custodia compartida en el texto legal. Satisfizo así a los grupos feministas más radicales, por lo que parece poco probable que ahora quiera desenterrar ese tema. Por tanto, los aspectos del anteproyecto catalán que podrían incorporarse a la legislación española se referirían a cuestiones más neutras, como la filiación, la tutela de adultos, la protección del patrimonio y la adopción.

En Cataluña, la presión de algunos colectivos de mujeres y abogadas agrupadas y subvencionadas por el Instituto Catalán de las Mujeres, en manos de ERC, o vinculadas a ICV, el otro socio de Gobierno del PSC, han logrado que se suprima del borrador del anteproyecto la expresión "custodia compartida" a la hora de establecer el régimen preferente que aplicarán los jueces cuando haya ruptura sin acuerdo entre los padres. El texto habla de "responsabilidad parental con carácter compartido", aunque sí se refiere a la "custodia individual".

La custodia compartida ya aparecía en el anteproyecto redactado en la época del consejero Josep Maria Vallès, siendo director general de Derecho y Entidades Jurídicas Xavier Muñoz, así como en un borrador de la época de Montserrat Tura, aunque finalmente se ha suprimido.

Otro de los retoques del anteproyecto es colocar como primera circunstancia que considerar por el juez para determinar el régimen de custodia "la vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los progenitores". En el penúltimo borrador, esa circunstancia aparecía en tercer lugar, detrás de la aptitud y la actitud de los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos.

Pueden parecer cuestiones semánticas, pero no lo son. Está en juego el futuro de miles de parejas e hijos. Varios colectivos censuraban ayer el edulcoramiento de la ley catalana. La Plataforma Feminista por la Custodia Compartida y la Asociación de Mujeres por la Igualdad reclamaron del Gobierno catalán "que no caigan de nuevo en la trampa de aquellos grupos que hacen del divorcio y de los hijos un negocio" y que "no se deje manipular como hizo el Gobierno español en 2005". También piden a la Generalitat "que actúe sin miedo y escuche lo que la sociedad está pidiendo", para que las leyes "se adapten a la realidad social sin ninguna concesión interpretativa". En términos parecidos se posicionó la Red Estatal de Abuel@s por la Custodia Compartida y la Federación Catalana de Afectados por Divorcios y Separaciones.

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