El Estado deberá crear un fondo que garantice el pago de las pensiones alimenticias a los hijos, que se desarrollará a través de una ley específica.

MADRID. En la intensa jornada de ayer en el Congreso de los Diputados, el Pleno también dio luz verde a la reforma de la ley del divorcio, tras aprobar por 192 a favor, 5 en contra y 127 abstenciones el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre esa iniciativa legislativa. Por tanto, el texto entra en el Senado para su ratificación. Pero queda pendiente de que se introduzcan modificaciones en la Cámara Alta en uno de los puntos más polémicos de este proyecto de ley: la custodia compartida, un asunto que además centró ayer todo el debate en el Parlamento. Sobre esta cuestión se pronunció incluso el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado miércoles, comprometiéndose a revisar los planteamientos de la custodia compartida. Así atendía las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres.

Y es que el texto, que ayer logró la aprobación de sus señorías, permite que, por un lado, la custodia compartida de los hijos sea otorgada por un juez cuando existe acuerdo entre los cónyuges (y así se recoja en el convenio regulador) y, por otro, que también se pueda conceder de manera «excepcional», con informe favorable del ministerio fiscal, y por petición de uno de los progenitores. Esta última opción no contó con el apoyo de grupos como el BNG, PNV y PP, aunque los populares se abstuvieron finalmente en la votación. Por error, tres diputados del Partido Popular se mostraron a favor y cinco en contra (Federico Trillo, Antonio Gutiérrez, Juan Morano, Luis de Torres y Francisco José Villar).

Otra de las novedades introducidas en el proyecto de ley inicial del Gobierno, y que fue incorporada en la Comisión de Justicia, es que el Estado cree un fondo que garantice el pago de pensiones alimenticias a los hijos a través de una ley específica. Iniciativa que, según el diputado socialista Julio Villarrubia, el Gobierno tiene la «voluntad política de regular». En este asunto, IU y CiU lamentaron que en ese fondo no se incorpore también el impago de las pensiones compensatorias.

Además, en la nueva regulación del divorcio se admitió la mediación familiar como un recurso «voluntario alternativo» al que los cónyuges pueden recurrir para solucionar sus litigios y conseguir el mutuo acuerdo, una medida que también se podría desarrollar a través de una norma específica, como solicitó Coalición Canaria e IU.

Divorcio a los tres meses

El proyecto ha acabado con una cuestión que no tenía mucha aceptación: a partir de ahora los menores de 12 años no deberán declarar en los juicios, «sólo irán cuando sea necesario», explicó Villarrubia. El resto del texto mantiene la propuesta original del Gobierno: después de tres meses de celebrar el matrimonio, los cónyuges podrán separarse o divorciarse directamente sin alegar causas. Un plazo que no se respetará cuando «exista riesgo para la vida, la integridad física o moral o la libertad de indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio».

ABC