Han intentado enterrar el caso bajo siete capas de tierra, taparlo con un montón de mantas zamoranas. El socialismo reinante arropa a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas. Fernández de la Vega dice que no tiene ninguna duda de su honradez y profesionalidad. La honradez se le supone; lo de la profesionalidad ya es más cuestionable a la luz de lo ocurrido con la famosa conversación donde María Emilia Casas da consejos a una abogada, hoy encarcelada como inductora del asesinato de su ex marido, y hasta le aconseja gratia et amore que si alguna vez recurre en amparo ante el propio TC, “me vuelve a llamar”, que, un suponer, ya veremos lo que se puede hacer por la hija del fontanero de la casa de mis papis.

José Blanco, encargado de baldear todas las mañanas la cubierta del PSOE de inmundicias varias, ha dicho que la presidenta del TC tiene el respaldo del partido, “como no podía ser de otra forma”. Nunca mejor dicho: como no podía ser de otra forma. Ver al PSOE comprometido en la defensa de posiciones de moralidad pública al margen de -no digamos ya en contra de- la defensa encastillada de sus intereses de partido habría sido una sorpresa inimaginable para quienes conocemos el percal. Admitámoslo: como dice De la Vega, la señora Casas tiene honradez y profesionalidad, aunque lo que de verdad tiene son tragaderas, como ya quedó demostrado con ocasión de las escenas de aquel desfile militar en el que, ambas a pie firme y mientras desfila la cabra de la Legión, la Vicepresidenta le propina una bronca fenomenal, bronca que la Casas, entonces y ahora presidenta del TC, endosa con humildad franciscana.

El Tribunal Supremo se apresuró la semana pasada a archivar la conversación de Casas con la presunta abogada homicida por entender que no hubo asesoramiento ilícito, es decir, que no cometió delito. Puede que delito no, casi con seguridad no, pero tal vez sí una falta, y muy grave, de acuerdo con lo establecido en el artículo 389.7º de la LOPJ, en conexión con el 417.6. No les aburriré con recetarios legales, pero el 389.7º dice que el cargo de Juez o Magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. Y el 417.6 tipifica como falta muy grave el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de esta ley, salvo las que puedan constituir falta grave de acuerdo con el artículo 418.14 de la misma (y que se refiere a la ignorancia inexcusable de los deberes judiciales, lo que claramente no es el caso).

En el país que se pone la venda antes de la herida, la línea informativa de lo políticamente correcto, desde la prensa hasta los jueces, pasando por gran parte de la clase política, ha puesto deliberadamente el acento sobre “lo que no es” (delito), para evitar por todos los medios tener que aludir a “lo que es” (no es penal, pero ¿es administrativo? ¿Tiene que ver con la responsabilidad de jueces y magistrados?). Es evidente que la señora Casas no ha incurrido en ninguno de los comportamientos que el Código Penal o las leyes penales especiales tipifican como delito. No hay pues responsabilidad penal; tampoco civil. Pero si parece haber una responsabilidad administrativa.

Aquí parece estar el nudo gordiano del caso. Y es que el ánimo asesor de la señora Casas se evidencia en el inciso final de la conversación, cuando le dice, y por partida doble o triple, a la abogada que si el asunto llega al TC que “me vuelve a llamar”, lo que evidencia una innegable intención de continuidad que resta a la imprudencia su carácter incidental de mero despiste o manifestación de ese “buenismo” que adorna a los naturales de estos Reinos desde el advenimiento al Poder de Rodríguez Zapatero.

Decir como dicen las puñetas que la presidenta del TC “pecó de buena fe”, porque eso es algo que “nos hubiera ocurrido a cualquiera” es tratar de dar gato por liebre a los ciudadanos. Cualquier juez o magistrado sabe muy bien –la ignorancia sería inexcusable- que no puede prestar asesoramiento jurídico, sea remunerado o no, a otra persona. La LOPJ antes aludida es taxativa en este punto, y es más que conocida por quienes se hallan al frente de los órganos jurisdiccionales, huelga decir que todavía más para quien forma parte del TC. No es cierto que le hubiese pasado a cualquiera. Y no es un desliz: todo apunta, por el contrario, a que estamos ante una infracción del régimen de responsabilidad administrativa de Jueces y Magistrados en grado de falta muy grave.

Y bien, se ha pronunciado el Supremo y Pepe Blanco ha dictado sentencia. Pero por una de esas poderosas corrientes que surcan bajo la superficie –ya se sabe que lo que ocurre de verdad nunca aparece en primera página-, el asunto se resiste a morir. Lo ocurrido es demasiado fuerte incluso en una democracia de cartón piedra como la española. El escándalo, a pesar de la debilidad del PP para hacer oposición en serio, no cede, entre otras cosas porque el diario El País, al que hay que reconocer el mérito, desde los tiempos de Clemente Auger, de haber pastoreado la Audiencia Nacional, el Supremo y el TC al mismo tiempo, ha decidido no enterrarlo, con una intención que parece clara a la vista de los problemas que arrastra el alto tribunal, pero cuya finalidad última podría guardar gato encerrado.

A pesar del intento del Supremo de cerrar el escándalo en falso, lo que se está valorando aquí y ahora es si María Emilia Casas, a la sazón Presidente del Tribunal Constitucional, casi nada, tiene la necesaria imparcialidad e independencia que el cargo requiere para seguir al frente de dicho tribunal. La regla es que, cuanto más arriba se encuentra alguien en la escala jerárquica del Estado, más restringido es el ámbito de actividades adicionales, trabajos extra, pronunciamientos libres y demás en que uno puede incurrir.

Alguien ha hablado estos días de una patología instalada hoy hasta el tuétano de la sociedad española: se refería a ella con la palabra “anomia”, uno de cuyos significados alude a “trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre”. Nunca seis letras dijeron tanto del estado de postración en que se halla la democracia española. Y lo ocurrido con María Emilia Casas, le venga bien o mal al PSOE o al PP o al lucero del alba, es algo más que una imprudencia como una Casa: es algo que le impide seguir la frente del Tribunal Constitucional un día más. Por una pura cuestión de higiene democrática.

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