“La mediación es la vía más civilizada, avanzada, dialogada y asumible de resolver los conflictos”. Son palabras de la consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Tura, tras aprobar el Gobierno catalán el proyecto de Ley de Mediación para intentar desatascar los juzgados.

La decisión de la Generalitat viene a demostrar que judicializar el conflicto familiar no es la mejor solución, aunque se trate de la política puesta en práctica por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y otras comunidades autónomas socialistas que, además, han arrinconado la figura del mediador familiar.

De hecho, lo único que ha conseguido hasta ahora la llamada Ley de Violencia de Género, donde se obvia la conciliación, es colapsar los juzgados y los servicios policiales.

Otros de sus ‘logros’ han sido empeorar la situación de las parejas y fracasar en su objetivo principal, o sea reducir el número de feminicidios. Unos feminicidios que han ido en aumento en los últimos años, al tener una relación directa con la ruptura de la pareja.

Mediación, la mejor salida

Sin embargo, en caso de conflicto de pareja, la mediación siempre se ha revelado como la mejor salida para conseguir una reconciliación, evitar separaciones traumáticas o, en caso de no poder evitar la separación, que ésta se produzca de la forma más razonable y civilizada posible.

Así lo constataban recientemente los terapeutas de pareja: “de las parejas que acuden a terapia, un 60% suele superar la crisis”, aseguraba la psicóloga y divulgadora Pilar Varela, autora del libro Amor puro y duro.

Esta opción, pues, será mucho más viable en Cataluña con la aprobación del proyecto de Ley de Mediación propuesto por la Generalitat. En la presentación del mismo, la consejera Tura subrayó el hecho de que, una vez aprobado por el Parlamento, la nueva Ley de Mediación permitirá descargar de trabajo a jueces y funcionarios.

La responsable de Justicia consideró que se necesita un “cambio cultural” para que la gente deje de buscar soluciones judiciales a sus conflictos y apueste por la mediación que “da celeridad a un proceso conflictivo”.

Ahora bien, para que ese cambio se produzca, es necesario que la propia administración facilite, con medidas como ésta, que los ciudadanos puedan recurrir a soluciones conciliadoras para afrontar sus conflictos.

En este caso, la ley prevé la creación del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, que impulsará esta práctica, hasta ahora ignorada en el resto de España.

La consejera explicó también que hay tres maneras de iniciar un proceso de mediación: a petición de las dos partes en conflicto, de común acuerdo; a petición de una de ellas con la conformidad de la otra; y una vez ha llegado el caso a los juzgados, por orden del juez si lo aceptan las partes enfrentadas.

El acuerdo, que debe alcanzarse en un plazo de 60 días prorrogable y en casos excepcionales a 90, será enviado posteriormente a la autoridad judicial para su aprobación.

Mediadores ‘en paro’

Cabe resaltar que, según publica el diario AVUI, de los 1.447 mediadores que están homologados en Cataluña, 1.247 están inactivos y 200 no ejercen, lo que da una idea de las nefastas consecuencias de la política adoptada por el Gobierno español en materia de conciliación familiar.

Al mismo tiempo, hay que destacar que los juzgados contra el maltrato se hayan a la cabeza del ranking de jueces interinos, tal como ha constatado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su último informe sobre la movilidad de los jueces y magistrados.

Los juzgados de Violencia contra la Mujer no se encuentran entre los preferidos de los jueces y son los que tienen un mayor índice de rotación y menos estabilidad en la plantilla, aseguran desde el CGPJ.

Cifras preocupantes

A este hecho hay que añadir otros datos, como el gran número de denuncias por violencia doméstica que llegan a los juzgados, más de 170 por día en 2007; el total de procedimientos judiciales abiertos por esta causa desde la entrada en vigor de la tutela judicial, 207.623; el número de personas juzgadas por este motivo, que supera las 69.500; el de personas condenadas, unas 50.000; o el de hombres encarcelados por este motivo, alrededor de 4.000.

Por otra parte, la mediación familiar también puede reducir el número de mujeres que necesitan protección policial, unas 84.000 a mediados de febrero de este año, actualmente imposible de cubrir con los efectivos destinados a esta labor.

Según denunciaba la propia Confederación Española de Policía, hay provincias donde un solo policía prejubilado o en segunda actividad está destinado a proteger a unas cien supuestas víctimas de malos tratos, cuando la ley establece que no puede superar la decena.

Todo ello es consecuencia de que, al acumularse las denuncias, resulta difícil delimitar con facilidad qué casos son realmente de violencia doméstica o qué casos no pasan de ser una denuncia injustificada o incluso falsa, algo que ya han denunciado varias asociaciones de padres separados.

En realidad, la Ley de Violencia de Género no deja de ser una muestra más de la aplicación de una ideología de género que no considera que haya unas patologías personales concretas, sino que parte de la premisa de que el hombre es en potencia, por su naturaleza, violento y agresivo.

La anomalía española en este sentido, con respecto a Europa, es más que evidente. Ningún otro país tiene una ley como la española.

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