CONFIESO que no tengo claras las ideas sobre el respaldo del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley Integral contra la Violencia de Género en el apartado que establece que, en un caso de malos tratos en la pareja, la pena impuesta sea mayor si el agresor es el hombre que si la agresora es la mujer.

Varios jueces habían planteado una cuestión de inconstitucionalidad al respecto, al estimar que ese plus de castigo al hombre por un mismo delito vulnera el principio de igualdad y no discriminación por razones de sexo, entre otras, que consagra el artículo 14 de la Constitución. Por cierto, un principio que es premisa básica de todo Estado democrático.

Como es habitual, los miembros del TC se han pronunciado en función de su origen ideológico y profesional: siete de ellos, catedráticos, a favor de la constitucionalidad de la Ley de Violencia, y cinco, todos ellos jueces, en contra. La razón que ha prevalecido es la idea de que el maltrato entre parejas es, en un 99% de los casos denunciados, maltrato del hombre a la mujer, que la violencia machista es particularmente reprobable y que esta violencia se genera por la posición dominante del hombre, un problema secular que hay que combatir incluso con discriminaciones y desigualdades de trato de este tipo.

Entiendo estas razones. También entiendo que es peligroso que factores ideológicos de género interfieran y se impongan al mentado principio de igualdad, una de las cosas laicamente sagradas, por así decirlo, de la convivencia en democracia. No sé hasta qué punto se puede, porque sea políticamente correcto, poner al sistema penal bajo la férula antidemocrática de la desigualdad. Atiendan a los ejemplos que da en la página siguiente el psicólogo forense José Manuel Aguilar (sin parentesco con el que suscribe): ¿se deberían sancionar más gravemente las infracciones de tráfico que cometan los jóvenes porque son ellos los que se ven involucrados en más accidentes?, ¿hay que aplicarle más cárcel a las madres que maltraten a sus niños sólo porque la violencia de madres a hijos es más frecuente que la de los padres? No dejen de preguntarse también cómo se resolverá judicialmente un caso de malos tratos en una pareja de homosexuales o lesbianas en la que agredido y agresor son los dos hombres o las dos mujeres, respectivamente. Un lío.

La primera jueza que planteó sus dudas al Constitucional sugería una salida quizás más lógica: agravemos en general las penas por malos tratos, lo que automáticamente significará un castigo mayor para los hombres maltratadores, que son inmensa mayoría frente a las mujeres maltratadoras. No le han hecho caso.