Distintos jueces han presentado más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004, por considerar, entre otras cosas, que vulnera el principio de igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución Española, según fuentes del Tribunal Constitucional (TC).

Estas mismas fuentes señalaron que la mayoría de las cuestiones han sido interpuestas contra los artículos 153 y 171 del Código Penal al considerar los jueces que es discriminatorio que a los hombres se les castigue con una pena superior que a las mujeres por el mismo delito de violencia sexista.

La última oleada de cuestiones se ha producido en las últimas semanas, en las que se han presentado más de una veintena. Hasta la fecha, el alto tribunal ha admitido a trámite todas ellas.

Esta circunstancia supone que actualmente hay 160 casos sin sentencia y que están a la espera de lo que dictamine el TC. Además, esta situación también provoca que haya 160 presuntos maltratadores en la calle, a no ser que ya estuvieran en prisión.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, demandó al TC que avale o rechace la constitucionalidad de la ley "cuanto antes" porque hay muchas víctimas y agresores pendientes de la resolución judicial. Además, López añadió que en caso de que el alto tribunal dé la razón a estos jueces "habrá que revisar miles y miles de sentencias" dictadas desde la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, manifestó ayer que hay "un grupo reducido de jueces que quieren boicotear la ley" y que, a su modo de ver, están librando una batalla "ideológica y no jurídica". Pérez del Campo reclamó a los jueces "que se ocupen de juzgar y que no se metan en cuestiones políticas", y exigió al Tribunal Constitucional que marque su postura "de una vez por todas" porque "hay 160 mujeres en situación de riesgo".