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El Gobierno impulsará la aplicación de la Ley de Mediación Familiar para reducir la litigiosidad en Canarias La vía del diálogo permite la resolución de los conflictos de forma extrajudicial CRISTINA GONZÁLEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, anunció ayer la puesta en marcha del servicio de Mediación Familiar en el ámbito de la Comunidad Autónoma, que se podrá hacer realidad a partir del próximo mes de enero. Tras la aprobación de la Ley de Mediación Familiar en el año 2003 y del Decreto de 2007 que aprueba el reglamento, que entró en vigor en octubre, se pretende impulsar esta metodología como una alternativa a los tribunales.
A través de la mediación se pretende abrir vías de diálogo para tratar de evitar la judicialización de los conflictos familiares derivados de situaciones de separación o divorcio, como el ejercicio de la patria potestad, el régimen de visitas, pensiones o la disolución de bienes gananciales.
El Ejecutivo canario impulsará su aplicación con una partida de 500.000 euros consignada en los presupuestos para el 2008. Mediante el Decreto se regulará también la creación del Registro de Mediadores Familiares, donde se inscribirán los profesionales. El consejero destacó que el servicio de mediación será gratuito para las personas que cumplan los mismos requisitos que son necesarios para acceder a un abogado de oficio.
Ruano anunció esta inminente puesta en marcha en el acto de inauguración del I Encuentro Canario sobre Políticas Públicas de Implantación de la Mediación que se está desarrollando en la capital grancanaria. En su inauguración, estuvieron también presentes Agustín Azparren, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Antonio Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC); y Vicente Garrido, Fiscal Jefe del TSJC.
El consejero aclaró durante su discurso que "no damos avío con la creación de nuevas unidades judiciales para satisfacer las demandas, por lo que es necesario explorar otras vías alternativas, aunque no sólo en el ámbito familiar, sino también en el penal o civil".
Garrido, por su parte, aseguró que la creencia generalizada de que la disolución de los vínculos matrimoniales tiene que resolverla una tercera persona ha dejado datos preocupantes del coste que tiene para los hijos el estilo de separarse de los padres, por lo que "es necesario buscar otras formas de resolución".
El coordinador del encuentro, el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Pedro Herrera, afirmó que los acuerdos a los que se llega son más sólidos, por lo que "la posibilidad de incumplimiento es mínima", porque se consiguen a través del diálogo y no de una imposición. La provincia
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11.10.2008 
