En Donostia, a 13 de diciembre de 2007

 La Confederación Estatal de Federaciones y Asociaciones de madres y padres separad@s, una vez analizado el Decreto sobre regulación del fondo social para impago de pensiones alimenticias, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de Diciembre,

MANIFIESTA:

 
El Gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos de los menores en situación de desprotección y de hacer cumplir las resoluciones judiciales, con todos los mecanismos a su alcance.

No obstante, con este decreto hace dejación de dicha obligación, perpetuando las diferencias económicas y sociales de los colectivos más desfavorecidos y manteniendo la discriminación hacia las familias afectadas por una separación/divorcio, en detrimento del cuidado del menor.

Para empezar, los 100 € mensuales por el mantenimiento de un menor están bien lejos de los 300 € de pensión que habitualmente se fijan en los juicios por separación y que se actualizan con el tiempo. Tampoco puede reducirse esta ayuda a 18 meses, ni limitarse a menores 18 años, cuando la necesidad perdura hasta que los hijos se independizan económicamente, de hecho, así contempla la Judicatura el establecimiento de las pensiones alimenticias.

Nulo sentido tiene colocar además, como requisito, una renta máxima de 750 €/mes, que sin solucionar el problema a este grupo minoritario, está bien lejos de recoger las demandas del colectivo de mujeres y hombres separad@s.

Consideramos, pues, que tanto en lo relativo a la cuantía, como a la duración y los requisitos necesarios para poder beneficiarse de él, este fondo en modo alguno atiende a las necesidades de los hijos de parejas separadas y nos sitúa fuera de Europa en lo que a política de familia se refiere.

Una vez más, el Gobierno se contradice a sí mismo poniendo PARCHES a los problemas derivados de su propia y nefasta política de familia, en lugar de analizar los motivos que generan los impagos de pensiones alimenticias por parte del progenitor no custodio. La realidad es que la “nueva familia” posdivorcio se ve sometida a la duplicación de sus gastos, que afronta realizando un sobreesfuerzo que requiere compensaciones que van mucho más lejos de una limosna pasajera de 100 €, a saber, ayudas reales que faciliten la creación de dos hogares con identidad propia.

Por otro lado, paralelamente a la regulación de un fondo con garantías, creemos imprescindible la incorporación de la Custodia Compartida como modelo preferente en nuestra legislación, garantizando la corresponsabilidad económica y, por supuesto educadora, entre los progenitores. En definitiva, compartiendo los roles “cuidador / mantenedor económico” entre la ex-pareja, estaremos fomentando la incorporación del hasta ahora progenitor custodio, casi siempre la mujer, a la vida laboral (y por tanto su capacidad económica) mientras que el que siempre ha sido el progenitor no custodio, habitualmente el hombre, será capaz de afrontar los gastos por ser compartidos y tendrá mayor presencia en la educación de sus hijos, descargando a su ex-pareja de la agotadora responsabilidad de educar en exclusividad.