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SE INSTA A LA FISCALIA PARA QUE ACTUE CONTRA ASOCIACION FEMINISTA |
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21.11.2007 |
FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON
Calle San Juan, 2
09003 BURGOS
Asunto: EXIGENCIA DE QUE ESA FISCALIA FORMULE DENUNCIA CONTRA
LA "ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS"
Burgos, 20 de noviembre de 2.007
Ilmos. Sres.:
Recientemente, la ASOCIACION INDEPENDIENTEMENTE DE LA GUARDIA CIVIL
(ASIGC), emitió un comunicado a los medios de comunicación, en que
comentaba ciertos aspectos de su actuación en relación con el trabajo
que desarrolla la Guardia Civil, en relación a lo que viene
llamándose violencia de género, machista, doméstica, etc., y la
aplicación del protocolo que tienen que seguir. En concreto, noticia
fue publicada en Diario de Burgos, de fecha 14 de noviembre de 2.007.
Desconozco si algún otro medio de comunicación de Burgos ha dado
cuenta del citado comunicado.
En el citado Diario de Burgos, de fecha 15 de noviembre de 2007, la
citada ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, bajo el
título "LA RUEDA RESPONDE A ASIGC", en la rúbrica Cartas de Lectores,
hace una serie de comentarios sobre el citado comunicado de dicha
Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), que, en mi
opinión, está indicando a la ciudadanía que la GUARDIA CIVIL está
incumpliendo el ordenamiento jurídico vigente y que, incluso, pudiera
estar dejando indefensas a mujeres. Repito, es una impresión y
opinión mía. Con fecha 17 de noviembre de 2.007, en El Correo de
Burgos, aparece esa misma carta publicada, en la rúbrica Cartas al
Director.
A mi manera de ver, esta ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER "LA
RUEDA", DE BURGOS, con su sólo nombre, parece que el estado español
es un corrupto país tercer mundista, en que una asociación privada es
necesaria, para defender a las mujeres, porque miles de funcionarios
de distintas instituciones de Burgos son incapaces de defender a las
mujeres que viven en Burgos, entre ellos los distintos componentes de
la Guardia Civil.
Cuando esta asociación está acusando a la Guardia Civil de faltar a
la legalidad vigente, bueno es preguntarse con que orden judicial
tuvo esta asociación a mi hija, menor no emancipada, de nacionalidad
francesa, secuestrada en la casa de acogida que regían en el año
1.990, con fondos públicos, pues dicho secuestro nunca contó con mi
autorización, como ciudadano con todos mis derechos legales, que
nunca me han sido quitados. Me temo que en estos temas, en el estado
español se está funcionando con asociaciones como la que
recientemente ha querido llevar a Francia 103 niños del Chad.
En Diario de Burgos, de fecha 22 de diciembre de 2.006, la presidenta
de esta asociación manifestaba que la Concejalía de la Mujer, del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos las había enviado 70 mujeres, al no
poderlas atender dicho Excmo. Ayuntamiento de Burgos. Sin embargo, el
Excmo. Procurador del Común de Castilla y León, en la resolución de
su expediente Q/004-0006/07, de fecha 27 de febrero de 2.007,
manifestaba que, como resultado de sus gestiones:
" no ha quedado acreditada la existencia de irregularidad alguna en
la actuación de dicha Administración, ya que según información
facilitada a esta Institución, la citada Concejalía ha prestado
información y asesoramiento a todas las mujeres que lo han requerido,
no habiendo sido derivadas, en consecuencia, a la mencionada
Asociación privada."
Me temo que es la citada ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER "LA
RUEDA" la que debe probar su buen hacer ante la sociedad burgalesa, y
no acusar a la GUARDIA CIVIL, en general, y lo que pueda corresponder
a los miembros que prestan su servicio en Burgos.
Es por ello que, con idénticos argumentos a los de su escrito de
fecha 13 de agosto de 2.004, dirigido al Juzgado de Instrucción de
Guardia de Burgos, por el Fiscal - Jefe en Funciones de esa Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con número de
salida 376, en base a los artículos 205, 206, 208, 209 y 215 del
Código Penal, interese y se acepte la denuncia, se incoe el
procedimiento penal correspondiente, se tome declaración a las
personas que dirigen dicha ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA
RUEDA, DE BURGOS, con domicilio en Pl. Alonso Martínez, 7, de Burgos,
y se ponga en marcha el estado de derecho como en justicia
corresponda, en defensa del buen nombre de la Guardia Civil en
Burgos, cuyo hacer cotidiano ha sido puesto en duda, con publicidad,
ante los ciudadanos de Burgos.
En el punto número uno de la carta de publicada por esta asociación
se habla de daños irreparables, entre otras cosas, se habla de que la
ASOCIACION INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL ha prescindido de toda
evidencia constatada irrefutablemente, entre otras, por Naciones
Unidas, a lo que se debe decir que Naciones Unidas hace estudios y
dirige políticas dirigidas a multitud de países, con muy diversas
culturas y realidades sociales, y que en el estado español no
existen, pues aquí no hay matrimonios concertados entre niños, compra
de esposas, ni mutilaciones genitales femeninas, ni las imponemos
burka alguno. Si, en estos momentos, no hay una mujer al frente de la
alcaldía de Burgos o del gobierno del estado español, no es porque la
mujer tenga limitación alguna que impongamos los ciudadanos de
Burgos, sino porque los partidos mayoritarios en Burgos y a nivel
estatal no han propuesto a ninguna mujer para dichos cargos, y, en
consecuencia, no las hemos podido votar.
Habla también del Consejo General del Poder Judicial, sobre este
tema. A este respecto, recuerdo la conferencia, a la que asistí, en
Valladolid, en relación a la violencia de género, que se celebró el
14 de octubre de 2004, a la que asistieron diversos miembros del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Intervenían la
Excma. Sra. Dª Monserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder
Judicial y el Excmo. D. José Luis Requero Ibáñez, también vocal del
Consejo General del Poder Judicial. Sus opiniones, sobre este tema,
eras distintas y contrarias. Es más, el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, reunido el 28 de enero de 2.004, sin la presencia de
la misma, y en relación con unas declaraciones de Dª Montserrat
Comas, las mismas, en base al artículo 20 de la Constitución
Española, sobre su derecho a la libertad de expresión, pero, en modo
alguno, asumía las mismas. Las declaraciones que pueda haber hecho
esta ciudadana, bien como portavoz, que estimo, ha sido o es, de la
asociación judicial JUECES PARA LA DEMOCRACIA, evidentemente, no eran
avaladas por el citado Consejo General del Poder Judicial. Como
actual presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del
Consejo General del Poder Judicial, no tengo elementos de juicio para
saber si sus observaciones son avaladas por el resto de los
componentes del mismo.
La ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, en el
apartado uno de su escrito publicado en la prensa, se afirma " se
permite causar un maltrato institucional a las mujeres utilizando los
argumentos del propio maltratador, consistente en considerar carentes
de fundamento, y, en definitiva falsas, denuncias que sobre Violencia
de Género presentan las mujeres." Esto está afirmando esta
asociación de miembros de la Guardia Civil. Es muy fuerte, y muy
grave, y, por quien corresponda, debe defender el bueno nombre y el
buen hacer de la Guardia Civil.
En abril de 1.998, con motivo de la presentación de los datos del año
1.997, el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de León, D. Félix Herrero Abad
afirmaba que una causa de los malos tratos estaba en la Ley de
Divorcio vigente, en aquel momento, y, entre otras cosas, abogaba por
separar la custodia de los hijos y el reparto de bienes. Es decir,
detrás de al menos parte de estos temas hay temas económicos.
En febrero de 2.001, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid
condicionaba ayudas de la Concejalía de Bienestar Social, de hasta
45.942 pesetas, a poner una denuncia. Es decir, denunciar igual a
ayuda económica. Estimo que en casos concurría un grave problema
social.
En el año 2.002, la Ilma. Sra. Directora General de la Junta de
Castilla y León, Dª Ana Parra Sancho, con motivo de unas muy graves
acusaciones contra una asociación de mujeres de Valladolid,
responsable de una casa de acogida, manifestaba que la
responsabilidad de la Junta de Castilla y León era sólo
administrativa. Así es como se controlan grandes subvenciones
públicas y esa irresponsabilidad en su uso asumen los que financian
estas actividades.
En diciembre de 2.002, la responsable del servicio de asesoramiento
de temas de violencia doméstica, del Iltre. Colegio de Abogados de
Burgos, merced a un convenio suscrito en enero de 2.002, entre el
Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, Dª Carmen
Santos de Quevedo, daba a conocer a la opinión pública de Burgos, a
través de El Correo de Burgos, que de los juzgados de Burgos les
llamaban para atender estos casos. Lo que hace que no sea ilógico
pensar que las denuncias que se ponían se hacían en base a
recomendaciones de los abogados de dicho servicio, y se podían hacer
en Comisaría o Guardia Civil. Es decir, los juzgados de Burgos se
quitaban el muerto y es posible que muchas denuncias se pusieran ante
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y dirigidas por
abogados. En la prensa, una responsable de la Cruz Roja de Burgos
decía que algunas mujeres acudían al Centro de Emergencia para dar un
escarmiento a su pareja, y que aconsejaban que no se denunciara. (El
Correo de Burgos, 3/11/2002).
En el año 2004, en la publicación de Valladolid, La Voz de Castilla y
León, la presidenta y la vicepresidenta de la AGRUPACIÓN DE MUJERES
ABOGADAS DE VALLADOLID (AMAV), Dª Victoria Eugenia Delgado y Dª María
José Sánchez reconocían que "es frecuente que se utilice la denuncia
como presión o escarmiento". Estimo que no es descabellado pensar que
el utilizar la denuncia como presión está relacionado con utilizarlo
para obtener ventajas materiales, entre otros fines.
En carta del 14 de julio de 2.004, Dª Ana Mª Ovejero Puente, asesora
el Gabinete del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, manifestaba:
"es prioridad de este Ministerio, modificar el Código Civil en
materia de separación y divorcio, por la razón que Ud. nos expone. El
Gobierno considera que los integrantes de la pareja han de gozar de
mayor libertad para entrar y salir de la relación matrimonial. La
desvinculación del matrimonio ha de ser, pues, rápida y sencilla, lo
que redundará en beneficio de los integrantes del matrimonio y puede
contribuir también a evitar de manera decisiva situaciones
conflictivas como es la utilización de los malos tratos para agilizar
los procedimientos de separación y divorcio. Todo ello garantizando
la posición de los hijos y la preservación del interés superior de
los menores."
Ese mismo año, la Ilma. Sra. Jueza Decana de los Juzgados de
Barcelona, Dª María Sanahuja apelaba a los letrados a solucionar los
conflicto de pareja por otras vías, y decía:
"que han de disuadir a sus clientes de utilizar los procedimientos
penales para obtener mejores resultados en los procedimientos
civiles, como en los casos de separación y divorcio."
Y seguía añadiendo:
"existen denuncias por malos tratos falsas o infladas."
La Ilma. Sra. Dª Carmen Valcárcel, titular de un Juzgado de
Instrucción de Madrid, reconocía:
"Estamos forzados a dictar una serie de medidas porque la mujer que
denuncia, en muchas ocasiones, se han tirado a la piscina sin agua."
También afirmaba:
"Los jueces no somos adivinos. En procesos de 15 minutos no se puede
decidir la vida de alguien. La manipulación que se hace de nuestras
sentencias es insultante."
Implícitamente, la antigua Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Dª Rosa Mª Valdeón
Santiago, hoy alcaldesa de Zamora, en enero de 2.005, en la emisora
Punto Radio, aseguraba:
"Que es mejor que algunas ayudas lleguen a personas que no les
corresponden que alguien a quien le corresponda se quede sin ellas.
Es un riesgo que merece la pena correr en un ámbito especialmente
sensible como el de el colectivo de mujeres maltratadas."
Y digo yo, ¿ y si una ayuda de esas que no corresponden se ha hecho
en base a una denuncia realizada ante la Guardia Civil ?. Preocupante
y muy grave.
Porque las ayudas que se estaban dando en base a la Orden
Fam/19/2006, de 10 de enero, por la que se convocan subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a empresas para
fomentar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia
de género, dentro de las actuaciones que se incluyen en el Plan Dike
(Código TEAY FAM 001), en su apartado segundo, acción subvencionable,
indicaba que la situación de maltrato se consideraba acreditada,
entre otros documentos:
Certificado en el que conste que la mujer ha estado ingresada en
algún Centro de Acogida para mujeres víctimas de maltrato.
Copia de la denuncia por maltrato.
Parte o informe médico en el que conste que la mujer ha sido atendida
en algún centro sanitario por causa de maltrato.
Informe de un profesional competente en la materia, con la
manifestación expresa de que la mujer ha sido atendida por causa de
maltrato y en el que conste se ha recibido o está recibiendo algún
tratamiento específico por este motivo.
Pues bien, en la convocatoria de este año, la Junta de Castilla y
León ya no considera estos justificantes como causa de maltrato,
después de que la Junta de Castilla y León aceptara la gestión del
Excmo. Sr. Procurador del Común de Castilla y León, expediente nº
Q/04-562/05.
También el Excmo. Ayuntamiento de Burgos ha aceptado la resolución
del Excmo. Procurador del Común de Castilla y León, nº Q/004-0162/07,
por la que acepta no considerar al Punto de Encuentro Familiar regido
por la asociación privada, financiada con dinero público, APROME,
como recurso para asistencia a la mujer que sufre maltrato, aunque,
el l5 de noviembre de 2.007, aún figuraba como tal.
Cuando la ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS,
arremete contra miembros de la Guardia Civil, estimo que lo hace mal
informada. En efecto, la Junta de Castilla y León ha venido firmando
convenios con los distinto Colegios de Abogados de esta comunidad. ¿
Para qué ?. Muy sencillo, con claridad, y sin pelos en la lengua, lo
manifestaba la antigua Directora General de la Mujer de Castilla y
León, Dª Rosa Urbón, a los medios de comunicación:
"Se ha constatado que muchas mujeres víctimas "no se atreven a
denunciar porque no saben el procedimiento o las vías jurídicas
existentes". "Queremos que conozcan sus derechos, el procedimiento y
que resuelvan esas dudas como qué va a pasar cuando denuncien con sus
hijos, con la hipoteca, con el domicilio familiar, si tendrán derecho
a una pensión."
Esto se puede consultar en el ejemplar de Diario de Burgos, de fecha
14 de abril de 2.007, en su página 37, y en relación con el convenio
firmado entre la Junta de Castilla y León y el Iltre. Colegio de
Abogados de Burgos, para asesorar a mujeres de Miranda de Ebro
(Burgos).
Por cierto, hace no mucho, desde la Concejalía de Igualdad, del
Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), se hablaba de la
descoordinación que existe entre la Junta de Castilla y León y dicho
ayuntamiento, en estos temas. Por lo visto, no intercambiaban
información. Evidentemente, desde mi modesta opinión, se están
utilizando estos temas para obtener clientelismo político y
demagogia. Es el colmo que suceda esto.
Especialmente grave es lo que afirma esta asociación de mujeres,
ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, en su punto
2º:
"Es universalmente conocido y científicamente constatado el hecho de
que las víctimas de la Violencia de Género sólo denuncian entre un 5%
y un 10 % tras haber padecido una media de diez años de violencia
sexista ........ Y esto es sólo la punta del iceberg."
En el punto anterior, esta asociación hablaba del Congreso y del
Senado. Pues bien, esto es lo que pasó por el Congreso y el Senado:
Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y
la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
Entre otras muchas cosas, en la exposición de motivos de la misma se
indica:
"Así pues, basta con que uno de los esposos no desee la continuación
del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el
demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin
que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales."
Cualquiera de esas mujeres, que científicamente, según la ASOCIACION
PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, lleva unos diez años
de maltratos, desde el 10 de julio de 2.005, ha podido obtener el
divorcio, conforme a los artículos 86 y 81 del Código Civil, sin
tener que alegar nada, pues se puede pedir:
"Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma
de celebración del matrimonio............
A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres
meses desde la celebración del matrimonio."
Por no extenderme en argumentaciones jurídicas y comentar lo que
indican el artículo 105 del Código Civil y el artículo 770.2ª de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, indico su existencia, nada más.
Estimo que personas muy cualificadas, con perfecto conocimiento de
estas situaciones afirman que detrás de denuncias hay procesos de
separación y divorcio, en que se ventilan temas económicos, o han
sido requeridas para obtener ventajas sociales.
No está demás recordar que uno de los profesionales más conocidos
como abogado en temas de familia, Sr. Zarraluqui, viene afirmando que
se utilizan las denuncias para estos temas.
En el periódico gratuito 20 minutos, de fecha dos de octubre de
2.007, en primera pagina, aparece:
HABRA PENAS PARA LOS QUE DENUNCIEN FALSOS MALOS TRATOS EN VIGO. La
Fiscalía reforzará el control ante el aumento del fraude en casos de
violencia doméstica. La mayoría de los que mienten son personas
separadas que tratan de agilizar el divorcio. Ahora, si se detecta
que un caso es falso el implicado irá a juicio.
Se recogen declaraciones del abogado de Vigo, D. Pablo Ulfe, y que
estos casos son conocidos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer,
de Vigo. En definitiva, parece que Fiscalía, Juzgado y abogacía
conocen algo que denuncian Guardias Civiles, conocido en el ejercicio
de su actividad pública, y que niega la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE
LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS.
¿ Cuáles son las razones científicas por la que haya mujeres que
aleguen diez años de maltrato en el matrimonio que nos impusieron,
con el hombre que impusieron, sin que fuera ni necesario, ni
obligatorio ?.
Alguien tendrá que decírselo a esos Guardias Civiles de la ASOCIACION
PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, porque no hay ningún
impedimento jurídico para que no estén con quién manifiestan no
querer estar, ni un solo momento no deseado.
En el punto 3º del escrito de esta asociación, la ASOCIACION PARA
DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, manifiesta:
"De nada servirán las medidas legislativas que se arbitren si las
mentalidades de quienes deben atender y proteger a las mujeres
consideran que las denuncias se hacen por motivos fraudulentos."
En contra de la que afirma esta asociación, debemos agradecer que los
Guardias Civiles piensen y puedan manifestar no ideas, sino hechos,
que otras muchas personas vienen reconociendo, en todo sitio y lugar.
Porque mal harán los Guardias Civiles si no nos protegen a todos, o
es que hay que hacer una Guardia Civil sólo para atender a mujeres,
dejando sin atender a hombres y niños.
En este momento, en que puede haber unos cuatro millones de personas
que no han nacido en el estado español, conviviendo con nosotros,
cuyos orígenes, religiones, culturas y costumbres desconocemos,
aunque no lo pueda probar, seguro que hay mujeres y niñas que han
sufrido mutilación genital, han contraído matrimonio pactado por los
padres, e incluso puede haber habido una transacción económica para
que se produjeran los matrimonios. Esas mujeres sí que pueden ser las
legítimas destinatarias de las situaciones que son objeto de la LEY
ORGANICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y que se indican en el
artículo 1 (Objeto de la Ley). En el estado español no se celebran
matrimonios sin que ambos contrayentes consientan en contraer
matrimonio con el otro, y respondiendo ambos afirmativamente.
(Artículo 58 del Código Civil).
En el punto 4º del escrito que aparece en los medios de comunicación
se indica:
"Si, como declara Asigc, las mujeres denuncian "sólo porque se lo
dijo su abogado" deben de forma inmediata probarlo y a su vez
denunciar porque de otra forma estarían encubriendo un delito."
Estimo que esa frase puede estar fuera del contexto del comunicado de
dicha asociación de Guardias Civiles, porque estimo que eso pueda ser
el caso de algunas mujeres, y así lo hayan manifestado.
En cuanto a los medios de probar estos temas, por parte de los
Guardias Civiles, estimo no equivocarme si manifiesto que los
Guardias Civiles de Burgos no cuentan con todos los medios técnicos
que se contemplan en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS JUDICIALES
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE DOMESTICA Y DE
GENERO (Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de
Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2.005, tras
haberse adaptado el anterior Protocolo a las modificaciones de la LO
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género).
Punto I.B.- RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO:
Las diligencias de inspección ocular y declaración de la víctima se
documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros
medios técnicos (vídeo, etc.) que permitan a la Autoridad Judicial
una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y las
circunstancias concurrentes.
ANEXO I: CONTENIDOS MINIMOS DEL ATESTADO. 10.- DILIGENCIAS POLICIALES
DE VERIFICACION Y COMPROBACIÓN DE LA DENUNCIA:
Las diligencias de inspección ocular se documentarán, siempre que sea
posible, mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc.)
que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la
apreciación de los hechos y circunstancias concurrentes.
Deberá averiguarse si la Guardia Civil de Burgos dispone de sistemas
de grabación de voz, de vídeo, equipos de fotografía, etc., para
estos casos. Porque es muy grave que se puedan achacar presuntos
delitos a Guardias Civiles y no se les dé los medios de prueba que
vienen el los protocolos que estimo deben seguir.
Cuando la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS,
afirma que Guardias Civiles, la Guardia Civil, puedan estar causando
un maltrato institucional de consecuencias impredecibles para las
mujeres y los niños y niñas víctimas de Violencia de Género, y están
exigiendo a quienes son responsables de la atención a las mujeres en
este contexto que se pronuncie oficialmente, teniendo presente que
contra la Violencia de Género la tolerancia debe ser cero,
ME RATIFICO EN MI EXIGENCIA DE QUE
esa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
DENUNCIE
A la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS por
posibles delitos de calumnias e injurias contra funcionarios
públicos, de la Guardia Civil, a los cuales les acusan de pensar de
un modo independiente, a lo que piensan ellas, y dar información de
hechos y circunstancias que ven en su trabajo, con el objetivo,
estimo, de que, por quién corresponda, se dé por enterado, y proceda
a evitar, por un lado trabajos quizá inútiles, y, por otro, abusos de
los que son víctimas hombres y niños.
No es mi deseo hacer chistes fáciles, pero, estos días, el Excmo.
Ayuntamiento de Burgos pone grandes carteles donde indica que en
cinco años han fallecido CUARENTA Y CINCO PERSONAS POR ATROPELLOS, en
la ciudad de Burgos. El chiste sería indicar que como se salvarían
más vidas es dedicando las fuerzas y cuerpos de seguridad a regular
el tráfico que a proteger mujeres, que, por cierto, no sólo lo
indican estos valientes Guardias Civiles: hay mujeres que son las
primeras en no respetar las órdenes de protección que pidieron, y
concedieron, le guste o no a esa asociación de mujeres.
Si que recuerdo que hace años, la Guardia Civil de Burgos indicaba,
creo que en El Correo de Burgos, que un número importante de
denuncias de mujeres eran puestas por mujeres en grave situación
social
Por último, no debo terminar este escrito, que reconozco extenso, sin
recordar lo que manifestaba el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de Valladolid,
en el año 2.000, más o menos: si un padre pretendía la guardia y
custodia de los hijos, lo normal era que abandonara a vivienda y se
quedara en casa la esposa con los hijos.
En Castilla y León existen unas 200.000 viviendas vacías. En la
ciudad de Burgos más de 10.000.
Miedo me dan las políticas que se siguen de expulsar a ciudadanos de
su domicilio, obligarles a pagar la hipoteca y dejarles sin hijos y
sin honra.
No puedo menos que agradecer a la ASOCIACION INDEPENDIENTE DE LA
GUARDIA CIVIL el que haya tenido la valor de decir lo que ellos ven a
diario y muchos otros ya han denunciado. Gracias.
Sí manifestar que estimo que puedan existir campañas orquestadas
para "ACOJONAR" a jueces, fiscales, políticos, funcionarios,
ciudadanos o asociaciones que defiendan, pura y simplemente, los
derechos y deberes que contempla la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Notoria es
la teoría de muchos de estos grupos que injurian a la inteligencia y
a muchos padres de familia al indicar que padre que pide la custodia
de sus hijos o la custodia compartida es un maltratador.
Atentamente,
Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS
DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS
P. D.- Por supuesto, estoy contra todo maltrato, del tipo que sea y
cometido por el que sea, hombre o mujer, y no me opongo al castigo
que pueda corresponder, después de un juicio con todas las garantías,
pero, desgraciadamente, en estos temas, demasiado a menudo faltan,
para padres y niños. Las denuncias falsas, sí existen. ¿ Y la
igualdad ante la ley por el mismo presunto hecho ?.
http://www.asigc.org/ver_noticia.asp?id=5930
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Legislación
Jurisprudencia
Noticias
La Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) crítica el
protocolo de valoración policial del riesgo de las víctimas de
violencia de género, por la sobrecarga de trabajo que para los
agentes supone, y por la poca colaboración de algunas presuntas
víctimas, cuando ya han conseguido de la Administración lo que
pretendían con su denuncia.
Si bien el Gobierno de Rodríguez ZAPATERO ha demostrado un interés
especial por la violencia de género y ha implicado a la Guardia Civil
y demás Cuerpos de Policía, - como no se había hecho antes por ningún
otro Gobierno-, en el seguimiento, vigilancia y control de las
víctimas de la violencia de género y de sus agresores; -penando como
delito, cualquier forma de violencia física o psíquica-, lo cierto es
que las medidas de protección y seguimiento, están costando no sólo
una especial dedicación de tiempo, por parte de los agentes, a éste
grave problema, sino que en la práctica no pueden llevarlo a efecto
en su totalidad, en algunos casos porque serían necesarios más
agentes y en otros porque la víctima o supuesta víctima, una vez
conseguido su propósito de la Administración, hasta le resulta
molesto en algunos casos que la Guardia Civil le esté consultando o
entrevistando, aún cuando sea de forma telefónica, pues con su
denuncia se ponen en marcha todos los mecanismos para facilitar la
separación o el divorcio, en la forma más beneficiosa para sus
intereses, por lo que los agentes observan que a veces la denuncia no
cumple el fin de evitar el riesgo de agresión o maltrato, ya se
físico o psicológico, sino más bien un interés meramente judicial en
un proceso de separación o divorcio, de manera que se asegure la
custodia de los hijos y la asignación de bienes.
En otros casos son las propias víctimas las que cambian de domicilio
sin ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, -demostrando poco
interés-, con lo que las idas y venidas de los guardias civiles, al
domicilio de la presunta víctima, para consultarle y ponerse a su
disposición, resultan infructuosas, mientras los vecinos se
preguntan, ¿qué pasa que viene tanto la Guardia Civil?, sin resultado
alguno.
En otras ocasiones las o los guardias civiles escuchan frases
como, "ya no me hace falta, -la Guardia Civil-, sólo necesitaba la
denuncia, como me dijo el abogado".
Otras veces, las constantes y continuas denuncias de la presunta
víctima a su presunto agresor, se convierten en "contra denuncias",
de hechos que bien se pudieron poner en conocimiento de los guardias
civiles con anterioridad y no lo hicieron cuando tuvieron la
oportunidad. Demostrando con ello el oportunismo de la denuncia, en
atención a intereses distintos, a los de su propia seguridad. Y
perjudican con ello el funcionamiento de la Guardia Civil, que podría
dedicar mas tiempo a las situaciones de verdadero riesgo, y a las
verdaderas necesidades de la víctima.
Entre las MEDIDAS DE SEGURIDAD que los guardias civiles tienen que
procurar a las denunciantes de malos tratos, por parte de su cónyuge
o pareja, ya sea, de hecho o de derecho, se encuentran las siguientes:
- Contactos personales, esporádicos y discretos.
- Entrevista personal con la víctima después de la denuncia.
- Ofrecer la entrega de un móvil para teleasistencia.
- Vigilancias periódicas del domicilio, trabajo y salida y entrada
del colegio cuando la víctima acude a por sus hijos.
- Adiestramiento a la víctima de medidas de autoprotección.
- Acompañamiento a la víctima al juzgado o a los lugares
asistenciales o administrativos donde deba acudir.
- Vigilancia permanente de la víctima ante una emergencia.
- Etc..
Medidas todas ellas sin duda necesarias, ante una situación de
verdadero riesgo o presumiblemente de riesgo; pero lo cierto es, que
las cifras de HOMICIDIOS o ASESINATOS de las mujeres, a manos de sus
parejas o cónyuges, siguen aumentando, al igual que lo hacen, en
algunos casos las denuncias con un fin claramente favorable para los
intereses judiciales de la denunciante.
Murcia, Sevilla, Alicante y Valencia, los lugares donde más se han
denunciado presuntos delitos relacionados con la VIOLENCIA DE GÉNERO.
Desde el 31 de julio de 2.007 hasta el 22 de octubre de 2.007 se han
contabilizado por la Guardia Civil a nivel nacional un total de 2.281
denuncias directamente relacionadas con la VIOLENCIA DE GÉNERO.
Siendo la Región de Murcia la que se encuentra a la cabeza nacional,
con 263 denuncias, le sigue Sevilla con 162 denuncias, Alicante con
155 denuncias, Valencia con 143 denuncias y Madrid con 137 denuncias.
Los datos se refieren a las poblaciones que en esas provincias, tiene
encomendada la Seguridad Ciudadana la Guardia Civil, aproximadamente
la mitad de la población, porque la otra mitad en las capitales o
grandes poblaciones se encomienda a la Policía Nacional, se excluyen
las provincias VASCAS, Gerona, Lérida y los municipios de Barcelona y
Tarragona en las que ya se hubiera transferido a los Mossos
d´Escuadra ésta competencia.
*Pueden ver los datos en el Libro excel que se acompañada como
documento adjunto con el nombre, NUEVOS CASOS.
Además puede observar las revisiones extraordinarias de denuncias que
anteriormente a la fecha del 31 de julio de 2.007 hubiera recibido la
Guardia Civil. Revisiones que en algunos casos solicita la Autoridad
Judicial o el Ministerio Fiscal, o promueve la Guardia Civil para
hacer una nueva valoración del riesgo.
También pueden ver los concretos informes que para la valoración del
riesgo realizan los guardias civiles de atención al ciudadano o de la
policía judicial, y la evolución del riesgo que cada determinado
tiempo tienen que efectuar los agentes, según sea valorado éste, en
la denuncia, como leve, medio o alto.
Se adjuntan los cuestionarios que los agentes de la Guardia Civil
realizan a la presunta víctima o incluso a los testigos para valorar
el riesgo. Dando el programa informático la valoración a resultas de
las respuestas efectuadas.
Esperando sea de su interés se le envía el comunicado, con los
documentos adjuntos para completar la misma.
Se ruega citen a la Asociación Independiente de la Guardia Civil
(ASIGC) y sus declaraciones.
DESCARGAR DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Sin otro particular reciban un cordial saludo. Agradeciendo su
atención, a 05 de Noviembre de 2007.
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17.03.2010 