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Tras la visita realizada por el propio Cónsul General a Richard, AYER por la mañana, ha decidido convocar a los medios PARA EL MIERCOLES a las 11:00 horas delante del Consulado de Italia en Madrid, unos minutos antes de entrar a hablar distendidamente con él y presentarle el escrito de denuncia.   Manifiesto delante de la sede diplomática de Italia en España:
Tras 30 días manteniendo una huelga de hambre delante del Ministerio de Justicia de España, y haber sido ninguneado tanto por el titular del mismo como por los Tribunales de Justicia ante mis peticiones para que sea atendido el derecho de mi hija Valentina de tener un contacto directo, fluido y continuo con su papá, me he visto obligado a pedir auxilio a las altas instituciones italianas, a través de sus representantes consulares y diplomáticos en España. Quiero informar, hoy aquí, que el Juzgado de Familia, en el que se vienen resolviendo las cuestiones relativas a la guarda y custodia de mi hija Valentina, y donde por tanto, se adoptó una medida provisional que me retiró el régimen de visitas con respecto a mi niña, tras una malévola denuncia por "supuesta sustracción de menores" presentada por mi ex pareja de la que resulté absuelto, no ha querido retirar la misma ante la petición de mi abogado por el cauce judicial oportuno. Es decir un juzgado español se niega, sin fundamento y razonamiento jurídico alguno, a permitir que una niña italiana residente en España recupere el contacto con su papá y con toda su familia paterna, lo cual constituye un atropello que conlleva, además, la violación flagrante de todos los derechos constitucionales de mi hija y su papá, como también de los convenios internacionales sobre los derechos de los niños que suscribió y ratificó el Reino de España.
Asimismo, la AP de Barcelona, donde recurrí en apelación la negativa del Juzgado anteriormente citado, ante la solicitud de guarda y custodia compartida de mi niña, no ha aceptado tampoco resolver como medida de urgencia, el levantamiento de dicha suspensión totalmente arbitraria y no conforme a derecho alguno. Después del acto de protesta que vengo manteniendo desde el 15 de octubre pasado, en forma de huelga de hambre delante del Ministerio de Justicia de España y del que son conocidos públicamente los motivos, gracias al despliegue de los medios de comunicación de este país que tienen verdadera vocación informativa, que me obligaron a adoptar ese acto desesperado ante el atropello político-judicial realizado sobre los derechos de una niña italiana, vulnerándosele los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, por parte del Estado español, quién los suscribió; he decidido denunciar ante los representantes diplomáticos de mi país, tamaño atentado, y solicitar el amparo del Ministerio de Exteriores y de la Presidencia de la República italiana, para lo cual me encuentro hoy aquí. Esta denuncia se centra en varios aspectos, que son el origen de la situación en la que me encuentro: En primer lugar, debo constatar que aseverar -como me respondió el gabinete del Ministro-, que la tutela judicial efectiva está garantizada a través de diversos mecanismos e instrumentos procesales que evitan la indefensión, equivale a un cinismo desbordante, típico de un estado que, el 28 de diciembre de 2004, ha instaurado en este país un régimen de persecución indiscriminada contra hombres y padres, bajo el falaz argumento de propiciar la igualdad de la mujer.
Una prueba más de ello es el fallo discriminatorio emitido por parte de una jueza de Barcelona, en el se niega la custodia de su hija a un papá por ser hombre y “cojo”, sin nada más. Es el Reino de España, asimismo, el único país de la Unión Europea en el cual el anacronismo de juzgados especiales vuelven a tener rango de ley. Juzgados instaurados para aplicar la Ley sobre la Violencia de Género (claro está, solo la que sufre el género femenino), que explicada por la Vicepresidenta del Gobierno, recuerda argumentos de la afortunadamente denostada "Ley de vagos y maleantes", que caracterizó tiempos oscuros de la historia de España, con la que se metía en la cárcel a los homosexuales, por su simple condición, sin juicio alguno. Es el Reino de España, el único país de la Unión Europea donde se ha instaurado nuevamente el "Delito de Autor", en el que se juzga a alguien por algo en base a su sexo. Es el Reino de España, el único país de la UE en el cual, la presunción de inocencia se ha suprimido tácitamente con la entrada en vigor de la Ley Integral de Protección contra la Violencia de Género. Es oportuno, recordar las declaraciones realizadas por el Presidente de este país, el Sr. Rodríguez Zapatero, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, cuando afirmaba que había que buscar un abrazo o encuentro entre las civilizaciones, para lograr llevar a cada rincón del planeta la libertad como expresión máxima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, tan alto mandatario ignora públicamente que bajo su gobierno, en este país se vulnera dicha declaración, así como diferentes tratados y convenios internacionales en esta materia, donde cientos de miles de ciudadanos -hombres-, son arrestados cada año bajo una ley inquisitorial, sin la debidas garantías, con el pretexto de otorgar protección a mujeres "maltratadas". Sin embargo, sería caer en el mismo cinismo, el negar que en este país como en el resto de nuestro entorno europeo, existe violencia machista, tan abominable y repudiable como cualquiera otra de las formas de violencia que también se dan: sobre niños -aún más vulnerables-, sobre hombres, sobre inmigrantes, sobre profesores, etc, etc..; pero ese reconocimiento no puede justificar, en ningún caso, la adopción de medidas contrarias a derechos constitucionales esenciales que perviertan el estado de derecho, al consentir el uso fraudulento y perverso de dichas medidas, para fines que nada tienen que ver con la protección de la integridad física y moral de la mujeres maltratadas, como critica la Asociación Independiente de la Guardia Civil y el Consejo General de la Abogacía Española, que refiere el uso de denuncias por violencia de género para asegurarse la custodia de los hijos y la asignación de bienes en los procesos de divorcio. Aún así, es el Reino de España , el único país de la Unión Europea donde un padre puede ser condenado a siete meses y medio de cárcel por un presunto "forcejeo mutuo en condición de igualdad" ante una decisión "arbitraria e irrazonable" de una madre, así pues consta en la sentencia, el día del santo de mi hija Valentina. Según Sentencia del Juzgado de lo penal nº 9 de Barcelona, donde se me condenó a SIETE MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN, por lo que resultó ser finalmente, "un forcejeo mutuo en un marco de igualdad", se recoge en el punto TERCERO de los "Fundamentos de Derecho" lo siguiente: "A la hora de imponer la pena debe valorarse la injusta situación en que se encontraba el acusado, que había pactado con su ex compañera (ella así lo reconoció en el plenario), que ese día vería a su niña, dándose la especial circunstancia de que era el santo de la menor. La madre arbitrariamente decide que no la va a ver. Humanamente es comprensible el enfado, y porque no decir, la desesperación del padre, máxime cuando la madre huye de él delante de la niña, lo que crea una imagen nefasta del padre delante de la menor. Probablemente, en este caso, si la madre se hubiera comportado con serenidad y normalidad, y hubiera permitido una comunicación normal y tranquila entre padre e hija, nada de lo que aquí enjuiciamos hubiera ocurrido. A la vista de lo expuesto se impone la pena mínima."
Finalmente la AP de Barcelona, estableció la calificación de “un forcejo mutuo en un marco de igualdad”, con lo que se revocaron las consecuencias penales antes citadas, tras otros cinco meses sin contacto con mi niña, pero aún así, fui condenado, exclusivamente yo, por una falta de malos tratos, a una multa de 90 €. Todo ello, es consecuencia de las políticas de familia que, bajo la perspectiva de género, han llegado inclusive hasta el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se imparte formación a Jueces y Magistrados, considerando además necesaria la formación continuada en perspectiva de género a todos los operadores involucrados en la persecución sistemática hacia el hombre que han instaurado en este país, lo que podría estar vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, por este enfoque predeterminado.
En resumen, la situación que estoy padeciendo, no es una excepción, sino un ejemplo más de lo que viven cientos de miles de papás en este país, que ven como el Estado interrumpe y maltrata los afectos de sus hijos, atendiendo a intereses espurios, que nada tienen que ver con los derechos de la mujer.
Realidad que favorece en muchos casos, la instrumentalización de la infancia inmersa en estos conflictos mediante la manipulación y lavado de cerebro de los menores, que acaban odiando al progenitor no custodio, en su mayoría papás, dado que más del 95% de las custodias se dan mecánicamente, sin fundamento y de manera exclusiva a las mamás.
Además es inconcebible, que un gobierno que se considera adalid de la igualdad, provoque tal discriminación, condicionando ilógicamente, el propio desarrollo de la mujer divorciada, al imponerle la tarea exclusiva de la guarda y custodia de los hijos del matrimonio, no permitiendo como norma la CUSTODIA COMPARTIDA.
Es significativo que más del 80% de la población esté a favor de la CUSTODIA COMPARTIDA, pero se niegue tal situación por la presión de determinados lobbys, tan alejados del ideario del feminismo igualitario.
Resulta un despropósito mantener esta situación aberrante que afecta ya, no solo a cientos de miles de papás, sino también a algunas mamás, a las respectivas familias paternas extensas; abuelas y abuelos, hermanas y hermanos, tías y tíos, nuevas parejas, etc, etc, que ya son legión en este país y que se calculan en más de cuatro millones de personas; cifra que se irá incrementando, en tanto en cuanto no se ponga freno a tan escandalosa discriminación.
Volviendo al motivo de mi protesta, y aún a pesar del deterioro paulatino de mi estado de salud, que en algún momento ha obligado al SAMUR Social, en sus controles diarios, a suministrarme suero para recuperar mi tensión arterial y la frecuencia cardiaca, manifiesto que continuaré con esta huelga de hambre indefinida hasta que se ponga fin al “secuestro institucional” de mi querida hija Valentina.
Finalmente, quiero agradecer, el caudal de solidaridad recibido por los vecinos del Ministerio, por cientos de personas anónimas que han pasado por allí para darme ánimos e insuflarme con su apoyo la energía necesaria para continuar mi reivindicación, agradecer el cariño y comprensión recibido de los propios funcionarios del Ministerio de Justicia así como las centenares de llamadas y mensajes de toda la geografía española, de papás y mamás que se sienten identificados con este tormento por vivirlo en sus propias carnes o en las de algún familiar próximo, y por último a todos los compañeros de las asociaciones de madres y padres separados de España, y de Amnistía Infantil.
Haré mío el eslogan del acto reivindicativo que se va a realizar en Sevilla, el próximo 18 de noviembre, al que desde aquí solicito la asistencia de todas las personas de bien.
CUSTODIA COMPARTIDA, SI DENUNCIAS FALSAS, NO SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL, NO
Richard Monteghepardi
Mas informacion: www.custodiacompartida.org, www.sevillanoviembre.com Nota de Prensa de la Confederacion Estatal de Padres y Madres separados a este Manifiesto.
CONFEDERACIÓN ESTATAL DE MADRES Y PADRES SEPARADOS Portavoz: Domingo González Alonso: 615 055 250 www.sevillanoviembre.com www.custodiacompartida.org NOTA DE PRENSA: PADRE ITALO-ALEMÁN CONTINÚA SU HUELGA DE HAMBRE POR LLEVAR 5 MESES SIN VER A SU HIJA Madrid, 14 de noviembre de 2007 La Confederación Estatal de Madres y Padres Separados informa a los medios de comunicación acerca de lo acontecido HOY en el Consulado General de Italia en Madrid (C/ Agustín de Bethencourt, 3). El ciudadano italo-alemán que desde el pasado 15 de octubre (30 días) mantiene una huelga de hambre ante el Ministerio de Justicia en Madrid como acción de protesta por el hecho de que, sin causa justificada alguna, el Juzgado nº 45 de Barcelona no le permite ver a su hija Valentina, se ha desplazado esta mañana al Consulado italiano al objeto de presentar la documentación necesaria para denunciar ante los representantes consulares de su país la negligente actuación de la Justicia española. Tras ser atendido por el cónsul italiano, el padre de Valentina, Richard Monteghepardi, de 37 años, ha decidido CONTINUAR la huelga de hambre indefinida que, según ha señalado en el MANIFIESTO leído por él mismo ante los medios de comunicación, mantendrá “hasta que se ponga fin al secuestro institucional” de su hija Valentina. Desde la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados expresamos nuestra solidaridad con Richard Monteghepardi y su hija Valentina y demandamos al Consulado y a la Embajada de Italia que ampare a este padre italiano e inste a las autoridades españolas a cumplir la Convención Universal de los Derechos del Niño, que en nuestro país es sistemáticamente vulnerada. España conculca el derecho de los niños a las relaciones familiares (especialmente las relaciones paternofiliales), a causa de trasnochados prejuicios de género enquistados en las Leyes y las Instituciones españolas. España es el país más atrasado de la Unión Europea en materia de protección de los menores en los procesos de separación y divorcio. La clase política española y la Judicatura siguen cerrando los ojos ante el drama humano de miles de niños que cada año son privados del contacto frecuente con su padre. El caso de Monteghepardi podría provocar un conflicto diplomático con Italia, país que desde el año 2006 cuenta con una Ley que protege el derecho del menor a las relaciones familiares y que facilita la custodia compartida. En relación con esto distintas asociaciones de madres y padres han mostrado su solidaridad, anunciando su intención de acudir el próximo viernes 16 a las Embajadas de Italia (C/ Lagasca, 98 - 11:00 am), Alemania (C/ Fortuny, 8 - 12:00 am) y Francia (C/ Salustiano Olozaga, 9 - 13:00 am), para exigir que se ayude a Richard M. a recuperar la relación con su hija y para demandar por escrito asilo político en estos países de la Unión en los que se garantizan, a diferencia de lo que ocurre en España, los derechos básicos de los niños y de todas las personas. |