Investigan a los equipos de psicólogos judiciales
J. L. OBRADOR. 19.04.2007 Denuncian que siempre favorecen a la madre.
El Defensor del Pueblo está investigando la labor de los equipos de psicólogos que dictaminan en los juzgados a quién corresponde la custodia de los hijos tras un divorcio o separación. Según la asociación Custodia Compartida Ya, este órgano ha recibido «cientos de cartas» denunciando esta problemática, y ha decidido tomar cartas en el asunto.

De hecho, 123 afectados de Valencia han formado la Plataforma de Damnificados de Informes Periciales de Familia (Dinperfa), que ha pedido a la Generalitat la suspensión de estos equipos por la «supuesta ilegalidad de sus actuaciones» y por «falta de garantías», según refleja un informe encargado al psicólogo Julio Bronchal, que ha examinado 75 casos de separación y divorcio.

Según Eduardo Vives, portavoz de Dinperfa, en la Comunitat hay entre 10.000 y 12.000 menores afectados cada año por estos dictámenes, ya que estos equipos se pronuncian en el 80% de los litigios. Asegura Vives que siempre favorecen a la madre y que parten de prejuicios «sexistas» en sus decisiones.

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Piden la suspensión cautelar de los servicios sociales de Familia 

La asociación Custodia Compartida Ya y la Plataforma de Damnificados por los Informes Periciales de Familia han solicitado a la Generalitat la suspensión cautelar de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de Familia por la “supuesta ilegalidad de sus actuaciones”.

Por eso, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación sobre la naturaleza jurídica de los informes de estos equipos, “determinantes” para la concesión de la custodia de menores.

El informe pericial presentado por la asociación y la plataforma está basado en el análisis de 75 casos de separación y litigio por la custodia de los hijos, que destaca la “falta de garantías” para los usuarios de estos servicios sociales. Según este estudio, los informes que posteriormente utilizan los jueces para conceder la custodia a uno de los progenitores carecen de una “definición previa de los criterios decisorios”.

Al no existir, a su juicio, una definición de “las dimensiones que se deben evaluar en el grupo familiar, la metodología utilizada es, en muchos casos, inadecuada e insuficiente”.

LAS PROVINCIAS

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