QUEDA A LA ESPERA DE RECIBIR LAS RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y PONERLAS EN PRÁCTICA.J. Mestre

El Gobierno valenciano está dispuesto a resolver las deficiencias del funcionamiento de los psicólogos adscritos a los Juzgados de Familia y que son actualmente investigadas por el Defensor del Pueblo tras los centenares de denuncias recibidas en el último año por ciudadanos. La Conselleria de Justicia tiene previsto actuar en tres frentes. Por un lado, la creación de un protocolo de trabajo en todo el equipo de psicólogos que verdaderamente profundice en la situación de los hijos de una pareja tras su separación o divorcio frente a los informes “superficiales” como son calificados en las denuncias; la puesta en marcha de garantías procesales para los usuarios, actualmente impotentes frente al sistema; y la posibilidad de solicitar una segunda opinión experta.  
 
La Conselleria de Justicia resolvió la semana pasada el escrito enviado por parte del Defensor del Pueblo y que según la Defensora del Pueblo Adjunta, María Luisa Cava de Llano, hasta la pasada semana no había recibido respuesta alguna de la administración valenciana.

En este sentido, la Conselleria de Justicia se puso a disposición del Defensor del Pueblo para recoger sus recomendaciones, por lo que no será hasta que se cierre la investigación y se anuncien las sugerencias cuando la Generalitat regule las deficiencias existentes en los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia.

PANORAMA-ACTUAL.es se ha puesto en contacto con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana para conocer su opinión al respecto sin obtener por el momento contestación.

Hay que recordar, tal y como adelantó PANORAMA-ACTUAL.es el pasado lunes, que el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre el funcionamiento de los equipos de psicólogos adscritos a los Juzgados de Familia, tras recibir ´cientos de quejas´ de ciudadanos sobre su funcionamiento cuando hay un proceso de separación o divorcio de parejas con hijos.

La Defensora del Pueblo Adjunta, María Luisa Cava de Llano, explicó que las denuncias hacen alusión a la ausencia de garantías procesales, así como la carencia de protocolos de actuación por parte de los equipos de psicólogos.

El Defensor del Pueblo dirigió un escrito al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia para recabar información sobre los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia y ha obtenido respuesta de la mayoría de ellas.

Una vez que disponga de toda la información, se elaborará el correspondiente informe.