EL PRÓXIMO MARTES, 13 DE FEBRERO,
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL VARÓN CASTRADO", DE JOSÉ DÍAZ HERRERA, EDIT. PLANETA, VERDADES Y MENTIRAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN ESPAÑA.
HOTEL ZURBARÁN, BADAJOZ, A LAS 20 HORAS...

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ENTREVISTA EN LA COPE.

Quizá el hecho de estar separado y tener dos hijos en custodia compartida esté entre los motivos que le han llevado a escribir El varón castrado. Verdades y mentiras de la violencia en España, un texto que tiene, como los cortes geológicos de terrenos sedimentarios, distintas capas superpuestas. Lo primero que ve el lector es una feroz crítica de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Tal como señala el autor, 2006 ha sido el primer año natural en el que la Ley contra la Violencia de Género ha estado vigente. Dicha ley fue la primera de las grandes leyes impulsadas por Zapatero para modificar la estructura emocional y de valores del país.

La plena aplicación de la Ley contra la Violencia de Género ha supuesto en España, como señala Díaz Herrera, un despliegue de medios gigantescos. Más allá de jueces y policías, ha sido necesario el apoyo de numerosos profesionales cuya remuneración le ha supuesto al contribuyente mucho dinero. Por desgracia, esta utilización de recursos no ha impedido que 68 mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas. Ocho muertas más que en 2005 pese a que 80 hombres han sido condenados diariamente. Entre julio de 2005 y junio de 2006 los distintos órganos judiciales condenaron a 29.356 varones, 7 de cada 10 juzgados.

A la vista de estos datos y de otros muchos que aporta el autor resulta evidente que la Ley contra la Violencia de Género es ineficaz pese a que, como muestra Díaz Herrera, cuando una mujer llama a la policía diciendo que su pareja le agrede, se presentan los agentes en menos de una hora y se llevan, esposado, al supuesto agresor. Una vez en las dependencias policiales se le toman las huellas dactilares, queda incluido en una base de datos como maltratador y lo meten en un calabozo. Al día siguiente es juzgado en un cuarto de hora con un alto riesgo de perder hijos, casa y quedar obligado a pasarle a su pareja una pensión compensatoria. Pasados 15 días se revisa la sentencia en el juzgado penal.

Ley ineficaz, sí, pero Díaz Herrera va más allá y plantea si ésta es una ley justa. En su opinión injusta porque priva al hombre de la presunción de inocencia. Injusta porque la Ley contra la Violencia de Género remite al Código Penal conflictos de pareja que podrían mitigarse o resolverse con una ley de mediación familiar que proporcionase apoyo psicológico o psiquiátrico gratuito y de calidad. Construido este volumen sobre un mosaico de casos que acaban por ser repetitivos, el texto pierde tracción por un exceso de metraje y la deriva de consideraciones demasiado permeadas de filias y fobias.

Bernabé SARABIA 
 

La juez decana de Barcelona, María Sanahuja, denuncia «miles» de detenciones masivas «sin apenas indicios» por malos tratos,
Carol Álvarez en El Mundo
«Hemos causado un gran dolor a un montón de hombres»
«No hay delito que lleve a la detención masiva de miles de hombres, sin apenas indicios», denuncia la juez decana de Barcelona, María Sanahuja, pero la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género lleva a hacer real esta situación, «propia de regímenes totalitarios», advierte la decana. Fue ése el pensamiento de Sanahuja cuando concluyó, ayer, que «la Justicia española aún ha de hacer la transición democrática».
Sanahuja denunció esta norma desde una óptica que supone una pirueta novedosa, la que reivindica la indefensión de los hombres, víctimas de una ley que los discrimina y que «causa una vulneración de derechos fundamentales en nuestro país que repugna».
El contexto en el que la decana hizo estas manifestaciones fue la presentación del libro El varón castrado, que, según su autor, José Díaz Herrera, pretende desvelar las verdades y mentiras de la violencia doméstica en España.
Sanahuja lamentó que el problema de la violencia, con toda la gravedad que comporta, «se ha llevado a un punto de locura» que ha generado un uso «abusivo» de la ley, la destrucción de la prueba del proceso y la ausencia de presunción de inocencia.
La juez decana de Barcelona forma parte del movimiento denominado El otro feminismo, que rechaza la discriminación positiva que recoge la controvertida ley porque podría vulnerar varios derechos, como el de igualdad, el de legalidad, el derecho a la libertad y a la seguridad o a la tutela judicial efectiva.
Y, yendo de lo general a lo particular, Sanahuja apuntó que «una condena injusta genera una violencia tremenda, una espiral en que la víctima entra en un proceso de autodestrucción», pierde el control de sus actos, redobla la violencia e incluso acaba recurriendo al suicidio.
Entonando el mea culpa como copartícipe de las consecuencias que acarrea esta polémica Ley contra la Violencia de Género -«Todos somos responsables»-, Sanahuja señaló que «hemos causado un gran dolor a un montón de hombres».
La juez advierte que la responsabilidad del desaguisado que provoca la ley se remonta al Ejecutivo del Partido Popular y a la reforma del Código Penal de 1993, pero que el cambio de gobierno no sólo no enmendó este error, sino que lo perpetuó en distintas revisiones del tipo delictivo que tuvieron como colofón la actual Ley Integral. «El PSOE ha compendiado lo que hizo el PP», señala Sanahuja, y lo ha hecho con el apoyo unánime del Congreso.
Y es que, razona la juez, «castigar más al hombre no tiene ningún sentido» y es totalmente desproporcionado haber llegado al extremo actual, que ha llevado la «mala educación al Código Penal». De hecho, la decana espera que la futura reforma del Código Penal coja el toro por los cuernos y devuelva la problemática «a su justo término».
«Si incluimos las faltas de educación en el Código Penal, no dejaremos a nadie fuera de la cárcel, porque todos habremos sido maltratadores alguna vez», advirtió.
Sanahuja lamentó, igualmente, que la parte realmente positiva de la ley, la que prevé recursos asistenciales, no se haya desplegado.
© Mundinteractivos, S.A.

JOSÉ DÍAZ HERRERA, PERIODISTA Y ESCRITOR
«Muchos de los juzgados de violencia de género están en manos de feministas»
Periodista Digital
Por Miguel Pato
Jueves, 28 de diciembre 2006
La Constitución, en su artículo 14, asegura que los españoles son iguales ante la ley sin discriminación por razones de sexo. Mentira. Al menos, eso aseguran las asociaciones de padres separados e importantes figuras de la Justicia. La culpable es la Ley de Violenica de Género. Periodista Digital habla de las lagunas y peligros de esta ley con José Díaz Herrera, autor del libro El varón castrado.
¿La Ley Integral de Violencia de Género es negativa desde el momento en el que se gestó?
El objetivo de la ley es bueno, es tratar de evitar la muerte de las mujeres a manos de sus parejas. Pero la Ley se ha pasado 10 pueblos, porque permite que cualquier mujer denuncie a un hombre, incluso por teléfono, y en un periodo de no más de 45 minutos aparezca la policía y se lleve al hombre sin tener en cuenta su presunción de inocencia. Además, lo primero que hacen con el denunciado al llegar a comisaría es tomarle las huellas digitales y meterle en el banco de datos de los maltratadotes.
¿En cifras?
Las estadísticas demuestras algo muy alarmante. En el primer año de funcionamiento han sido detenidas 140.000 personas y el 90% han salido absueltas. Lo pero es que cuando ese hombre sale a la calle sin cargos se encuentra con una situación en la que todos vecinos le señalan como maltratador.
¿Entre los padres que están en procesos de separación se vive con temor el hecho de tener el más mínimo roce con sus parejas?
Claro que sí. Cualquier abogado al que le preguntes, lo primero que te dicen es que vayas a un juzgado de guardia o a un notario para decir que te estás separando de tu mujer y que estás teniendo discusiones. Porque las discusiones pueden ser consideradas maltrato psicológico. Eso, en cierto modo, le salva, porque si él no ha iniciado la discusión queda absuelto. La mujer denuncia pero luego se demuestra que el “maltrato” ha sido mutuo eso se considerará un caso por presunto delito de faltas.
¿Crees que uno de los problemas a la hora de denunciar los fallos de esta ley es que se trata de una norma muy políticamente correcta?
Los políticos no tienen una fórmula para solucionar la violencia de género. Y cada vez que quieren solucionar un problema como este se acude al código penal. Estamos ante una típica salida de pata de banco en la que han caído los políticos al carecer de fórmulas para solucionar este problema. Yo creo que sí se puede solucionar pero a través de medidas sociales eficaces, de mediadores sociales y mucha terapia de grupo. Eso ocurre en la mayoría de los casos. Cuando el hombre está loco y mata a la mujer no.
¿Se vulnera la Constitución con esta Ley?
Un montón de artículos. El derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser discriminado por razones de sexo…
Por lo tanto, ¿estamos a ante una ley injusta?
El problema es que esta ley penaliza de igual modo las faltas leves que las graves. Darle un tirón de orejas a una mujer, en un momento en el que la mujer te ha robado las llaves del coche tres veces para cabrearte porque estás en pleno proceso de separación, se penaliza igual que si el hombre le hubiera dado una paliza. Por eso, muchas mujeres que han denunciado a su pareja por una nimiedad y ven que les pueden caer un año de cárcel y tres años de aislamiento lo que hacen es negarse a declarar. La ley queda invalidada y no se puede aplicar.
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Biografía
  Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1950.
  Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna.
  Máster de Periodismo de Investigación por la Universidad de Missouri-Columbia.
  Becado por la redacción central de la revista Time en Nueva York.
  Redactor de El Día de Tenerife.
  Miembro fundador y jefe del equipo de investigación de Cambio 16 y de Diario 16.
  Miembro fundador de la revista Tribuna.
  Reportero de Tiempo.
  Colaborador de ABC.
  Premio Ortega y Gasset por un informe sobre la mafia policial realizado en colaboración con dos compañeros.
“LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE PUEDE REDUCIR EN UN 70%”
Tal vez sea complicado mostrar estos defectos a la sociedad cuando la ley tiene muy buena prensa en la calle.
Esta claro. Pero es la ley más incumplida del código penal. Un gran porcentaje de mujeres se niegan a declarar porque están arrepentidas, porque han hecho las paces. Sin embargo esta ley no permite la reconciliación de las parejas, uno de los dos tiene que salir perdiendo. Y tampoco permite la mediación familiar con un psicólogo. Esta ley obliga al juez a imponer, además de la condena, entre uno y cinco años de alejamiento. Crea muchos más problemas de los que intenta atajar. Te encuentras con que a los juicios, muchas veces, las parejas van cogidas de la mano. Y cuando el juez los ve cogidos de la mano supone que la orden de alejamiento está siendo incumplida.
¿Y las denuncias falsas?
Son casos de mujeres que denuncian a sus parejas para obtener una separación más rápida y siempre más favorable. Esto es posible porque muchos de los juzgados de violencia de género están en manos de feministas. El hombre sale mal parado y perdedor. La mujer se queda con la casa, con los hijos con una pensión compensatoria y las asociaciones familiares también les pasan una atención extra. El hombre se imposibilitado para rehacer su vida, crear una familia, un nuevo hogar… todo eso lo pierde.
¿Pero la violencia sigue siendo un problema?
La violencia no se soluciona por la vía que promulga esta ley. Primero hay que elaborar normas adecuadas de custodia compartida. Segundo, disolución de la sociedad de ganancia. Si se garantiza un mínimo de dinero para que los hijos estudien, y ni la mujer ni el hombre queden abandonados en la calle, sería lo más lógico. Mediante esos dos mecanismos se tiene que desactivar la violencia. Hay que evitar que en los procesos de separación haya una parte ganadora y otra perdedora. Eso crea, inmediatamente, un conflicto. Con leyes como la actual en la que el 98% de las veces la custodia se le concede a la madre y sólo en el 2% a los padres (por problemas psicológicos de la madre). La violencia de género no se va acabar. Se puede reducir en un amplio porcentaje como del 70%. Pero siempre habrá un loco que mate a su mujer.

EL VARÓN CASTRADO
Es el título del libro más políticamente incorrecto de la temporada. Su autor denuncia que el hombre es la víctima real de la ley contra la Violencia de Género
 

JOSÉ DIAZ HERRERA
 

Un padrde protesta, en 2004, ante su antigua casa porque su mujer no le dejaba ver a su hijo. / FERNANDO RUSO.
Alcanzado por el dardo invisible de mi mirada, el miembro de Médicos sin Fronteras, colaborador de radio y televisión, J. S., sufrió en 2005 uno de los procesos inquisitoriales más traumáticos de su vida.
Previamente, la voz melodiosa de una mujer le dijo al teléfono: «Te llamo de la comisaría de la calle Rubio Gali. Tienes una denuncia por malos tratos y queremos charlar contigo. ¡Pura formalidad! ¿Puedes pasarte por aquí?». Semanas antes había entrado en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Acostumbrado a vivir el dolor de las guerras que asolan Africa, el médico se presentó en comisaría a pecho descubierto.
Nada más identificarse, sin leerle sus derechos ni informarle de qué se le acusaba, un grupo de agentes procedió a tomarle las huellas dactilares, a hacerle fotos de frente y de perfil. Luego le colocaron unas esposas para conducirle a los calabozos.
«Ya que me van a enchironar quiero que vean esto», planteó mientras entregaba un DVD a una de las mujeres policías. La agente lo cogió con desgana y le echó un vistazo. Pero la escena que le devolvió el ordenador le puso los pelos de punta. Una mujer, blandiendo un enorme cuchillo de cocina, corría tras el médico, le acorralaba y le apuñalaba.
La policía reconoció en las imágenes a la mujer que había puesto la denuncia. Pero no se conmovió. Si duras fueron las lesiones causadas por el arma blanca, más dolorosa fue la respuesta que el presunto acusado escuchó de los labios del agente: « ¡Qué le habrá hecho usted a su mujer para que le clave un cuchillo!».
Estudioso de la violencia familiar, J. S. no pudo contenerse: « ¿Insinúa que soy culpable de que mi mujer haya querido matarme?».
«Una mujer no hace eso si no se le provoca», contestó la policía.«Es decir, usted juzga a la gente por sus perjuicios feministas. No admite que haya mujeres asesinas, malvadas, arpías, dispuestas a asesinar a su marido para quedarse con sus hijos y su casa», se defendió él.
Para reafirmar su tesis de hombre maltratado, J. S. entregó a la agente una treintena de partes de lesiones de distintos centros de salud de Madrid. La agente los leyó uno tras otro. Como aquella situación no figuraba en su protocolo de actuación no supo qué hacer y elevó el caso a sus superiores.
«Las pruebas están a su favor y es probable que condenen a su esposa por intento de asesinato pero yo tengo una denuncia por malos tratos de su mujer. Esta noche tendrá que dormir en el calabozo», le dijo el responsable del centro.
J. S. parecía estar viviendo en un país de locos la peor pesadilla de su vida. Su mujer había querido matarle, había presentado las pruebas a la policía, y le «condenaban» a él.
Al final, logró que le dejaran volver a su casa con la promesa de acudir al día siguiente al Juzgado. «Se va con el compromiso de encerrarse con llave. Porque si su mujer se presenta en casa y usted la mata, quien se juega el pan de los hijos soy yo», le ordenó el oficial de policía.
Durante el año largo en que estuve investigando por los juzgados de toda España mi libro El Varón Castrado. Verdades y mentiras de la violencia doméstica en España, que se publica la próxima semana, tuve acceso a más de 3.000 sumarios judiciales, viví centenares de situaciones tan o más esperpénticas como la anterior. Veamos otro caso.
Siete meses antes, M.D., ingeniero industrial, tuvo una pelea con su esposa en su domicilio de la calle Menéndez Pelayo de Madrid. Como él no quería discutir, su mujer le provocó empujándole contra una cómoda causándole una lesión en la espalda. El varón reaccionó y le devolvió el golpe.
Poco después la policía se lo llevó detenido a la comisaría de la calle Huertas. Ella le había denunciado por malos tratos. Allí le tomaron las huellas, le quitaron sus objetos personales, incluido el reloj y los cordones de los zapatos, las medicinas para combatir un resfriado, sus gafas (tiene 5 dioptrías en cada ojo) y lo metieron en el calabozo.
Era viernes y los Juzgados de Violencia estaban cerrados. Al día siguiente lo trasladaron a la comisaría de Moratalaz donde volvieron a reseñarle. El lunes lo presentaron en Plaza de Castilla después de pasar tres días encerrado, alimentado sólo con zumo y galletas.
Allí se encontró con la primera sorpresa. El juez negó a su abogado el derecho a representarle y nombró uno de oficio que, nada más verle, le preguntó cuánto ganaba. Luego le recomendó que firmara una sentencia de conformidad: «Así aceptas una condena de 7 meses, evitas una pena mayor y no te expones a ir a prisión», le dijo el letrado.
Después de tres noches sin pegar ojo, víctima de un principio de neumonía, desorientado, sin ver un palmo más allá de sus narices, M. D. solo quería salir del infierno. Esposado, tras un «juicio» de diez minutos firmó lo que le pusieron delante y acabó la pesadilla.
Por la tarde, le soltaron, le entregaron una bolsa de basura y una patrulla le acompañó a recoger sus objetos personales. La vivienda, regalo de su madre, le fue adjudicada por el juez a su ex mujer y a sus dos hijos a los que debía pasar una pensión de 600 euros.
Todo aquello por lo que un hombre lucha -familia, hijos, hogar, patrimonio- se lo habían arrebatado en un juicio fotocopia, defendido por un desconocido.
«Bajo el shock traumático del calabozo, enfermo, sin asesoramiento, sin prestar declaración ante el juez, sin que le leyeran la acusación ni ser escuchado y sin que nadie le explicara las consecuencias de una sentencia firme e inamovible mi cliente fue condenado sin juicio», afirma su letrada Patricia Gómez. «El asunto no tiene parangón en la jurisprudencia de ningún país civilizado. Es tan grave que clama al cielo».
Hoy la gran tragedia de M. D., similar a la de otros miles de hombres, es cómo les contará el día de mañana a sus hijos, que él no es un maltratador, que nunca pegó a su madre, salvo para defenderse.
REALIDAD INVISIBLE
Escenas como las narradas, propias de un relato de Kafka, ocurren centenares de veces al día. Son tan aberrantes que para recrearlas habría que resucitar al escritor checo, clonarlo un millar de veces, y poner a todos sus clones a escribir sin descanso.
Y es que en España hay una realidad invisible que raramente aparece en los medios: la persecución sistemática del hombre por el mero hecho de serlo, la violación continua de su derecho a la presunción de inocencia, su condena sin ser oído y la creencia unánime de que un alto porcentaje de los varones son maltratadores genéticos y que hay que darles caza, sin tregua ni cuartel.
Los datos de esta nueva Inquisición son harto elocuentes. Desde comienzos de 2004, en que se puso en marcha la orden de protección, más de 250.000 varones han sido sacados por la fuerza de sus casas, separados de sus familias, desposeídos de sus bienes en juicios inapelables y muchos enviados a la cárcel como si se tratara de individuos no reciclables para la sociedad.
Paralelamente, 190.000 varones, han sido fichados en el Registro de Maltratadores y más de 25.000 desterrados en 2005 de su entorno mediante órdenes de alejamiento, el instrumento más eficaz para acabar con muchos matrimonios, ya que pueden durar varios años.
Y es que la Ley de Violencia de Género es como un revólver. Aniquila a los hombres sin atender a razones, con la mecánica de las armas. Según el Observatorio del CGPJ, durante su primer año de vigencia, se detuvo en España a 150.000 varones (160.000 de acuerdo con las cifras aportadas en los cursos de Verano de El Escorial), más de 400 por día.
Una Ley destinada a perseguir al hombre, a veces sin otra prueba que la denuncia telefónica de su compañera, no tiene parangón en ningún país europeo. La medida podría tener justificación si la violencia familiar fuera superior a la del resto de los países del entorno. Ocurre lo contrario. España es uno de los países más pacíficos de Europa. Un informe del Centro Reina Sofía del 2000 revela que la tasa de uxoricidios era del 2'44 por millón, cifra por debajo de la cual sólo estaban Islandia, Irlanda, Holanda y Polonia. El resto de las naciones civilizadas -Finlandia, Dinamarca, Suecia, Rumania, Reino Unido, Italia, Alemania o Francia-, ofrecen cifras de asesinatos de mujeres hasta cinco veces más altas.
La tendencia a judicializar los conflictos familiares, dando el mismo tratamiento penal a la violencia ocasional y a la habitual, prohibiendo la mediación y el perdón, con ser grave no es lo más pernicioso. Lo es el hecho de establecer como verdad incuestionable que las riñas entre parejas tienen siempre un elemento activo que trata de imponer su autoridad por la fuerza -el hombre- y otro pasivo, la mujer, víctima ancestral del dominio del macho.
Un enfoque maniqueo que no se compadece con la realidad. Así, en 2001 E.R.P. fue detenida en Barcelona por matar a su primo de 27 puñaladas; C.P. pasaportó a tiros a Antonio Quintana; E.G.G. despachó a su compañero a martillazos; M. S. apuñaló 18 veces a su amante en Valencia; a Restituto Rojo su hija le cortó el cuello de un tajo y una mujer estranguló a un paralítico en Valencia. Son sólo algunos de los asesinatos cometidos por mujeres en el año en el que 35 varones fueron ultimados.
Sus muertes son silenciadas. Aunque nadie duda de que el hombre es más violento que la mujer, la lista de varones asesinados por sus parejas es irrebatible. Pero como afirma la catedrática de la Politécnica de París, Elisabeth Badiner, discípula de Simone de Beauvoir, «nadie las cita; para conseguir leyes protectoras hay que demostrar que somos víctimas de los hombres».
AGRESIVAS
Erin Pizzey, la feminista que abrió el primer refugio para maltratadas en Londres, lo corrobora: «La violencia no es cuestión de sexo. De las primeras 100 mujeres que entraron en mi refugio 72 eran más agresivas que sus maridos».
Y es que la Ley contra la Violencia de Género, manejada por el feminismo de la reivindicación, es un maquiavélico instrumento para acelerar las políticas de igualdad entre sexos. Es cierto que nació con otros fines. Convertida en el proyecto estrella del Gobierno Zapatero, fue aprobada en el 2004 con el loable propósito de acabar con los asesinatos de las mujeres.
Conviene señalar, no obstante, que no fue la primera norma puesta en vigor con ese encomiable fin. La aplicación del Código Penal como medio para frenar los conflictos familiares, comenzó a esgrimirse a partir de la reforma de 1989 que castiga la violencia en su artículo 425.
El Código Belloch (1995), amplió los sujetos y los tipos penales. Imbuido de la filosofía del palo, el PP, en lugar de agravar las condenas a los asesinos de mujeres, violadores, o maltratadores habituales, siguió la senda de meter a todos los hombres en el mismo saco.
Pese a que un informe de la Universidad de Zaragoza reveló en el 2000 que sólo el 18% de las mujeres asesinadas habían denunciado malos tratos, el PP ensanchó las barreras punitivas para abarcar a mayor número de varones. Legislando con encuestas manipuladas, a golpe de opinión pública impulsó los juicios rápidos, estableció la orden de alejamiento y toda una panoplia de normas, encaminadas a proteger a uno de los elementos del conflicto.
Tras alcanzar el poder, al PSOE solo le bastó dar una vuelta de tuerca para convertir en sospechosa a la mitad de la población. Actuando como un potente bulldozer, la maquinaria policial del Estado con una simple denuncia ha detenido a hombres de 90 años, dementes, drogadictos o mendigos por no tomarse su medicación; se ha llevado de sus casas a hombres en calzoncillos y ha interrogado a menores en el colegio para localizar al padre.
Con una norma que convierte las faltas más nimias en delitos, no es extraño que los juzgados estén colapsados por varones que han dado un tirón de orejas a su mujer porque ella le quitó el coche, por individuos acusados de beber de la botella de agua de sus esposas o por parejas que riñen por el mando del televisor, asuntos todos ellos de escasa entidad desde el punto de vista del reproche penal, pero convertidos artificialmente en delitos. La reforma de la Ley del Divorcio ha enturbiado aún más el panorama.
El 11 de julio de 2005, el rumano Julian Grosu se quemó a lo bonzo hasta morir frente al Parlamento de Bucarest. Tomó la drástica decisión tras 15 meses de lucha, para que se cumpliera la Convención de la Haya y los tratados internacionales.
Dos años antes Grosu se separó de su mujer en su país y los tribunales le concedieron la guarda y custodia de su hijo. En un viaje a España, donde residía su ex mujer, fue detenido y un juez, vulnerando la soberanía de los tribunales rumanos, le quitó al menor y se lo entregó a su mujer.
Su caso no es único. Miles de padres luchan en España por la custodia compartida de sus hijos e incluso para que se penalice su secuestro durante años en las casas de acogida sufragadas por el Estado, vulnerando los autos judiciales.
Porque, si hace años parecía justificado que tras la ruptura matrimonial los hijos vivieran con la madre al disponer de más tiempo, en 2006 en que el 52% de las mujeres trabajan es lógico que por lo menos un porcentaje similar de hombres comparta su cuidado.
No ocurre así. Al tramitarse la Ley de Divorcio, el feminismo radical presionó a Zapatero para impedir la custodia compartida. «Quitarle a la madre el control de los menores supone echarla de la casa, suprimir la pensión y arrojarlas a la marginalidad», argumentaron. «No hacerlo es fomentar el parasitismo de la mujer, condenarla a depender del hombre o del Estado», arguyeron las dirigentes de Nuevo Feminismo.
Por eso, transcurridos 17 años desde que el Código Penal entró en la familia, las medidas se han manifestado inútiles. Lo reconoció el Fiscal General del Estado: «La Violencia de Género ha crecido en el último año en un 52%».
Y es que, una norma que castiga en exceso, que lleva a cabo todos los días una razzia de más de 400 hombres sin dejarles otra salida que la miseria, e induce a muchos varones a quitarse la vida para escapar de ella no es buena. Miles de condenados, con la colaboración de sus mujeres, la incumplen al negarse a acatar las órdenes de alejamiento. Muchas mujeres se aprovechan de ella y denuncian malos tratos para obtener un divorcio en 24 horas y centenares de parejas la hacen inservible al negarse a declarar.
Por eso, a la Ley contra la Violencia de Género habría que derogarla sin dilación como se ha pedido en más de 100 autos al Constitucional. Aunque sólo fuera para salvar el honor de centenares de jueces, policías y fiscales que tratan de aplicar una norma que divide a la sociedad, casi por partes iguales, en buenos y malos.
El varón castrado, de José Díaz Herrera (Editorial Planeta), sale a la venta el próximo 16 de noviembre.

EL VARÓN CASTRADO
Hace unos días me llegó un comentario aquí que decía: "la Asociación por la Justicia apoya tu iniciativa de un nuevo partido político". A mí esto no me pareció muy raro, porque siempre hay grupúsculos políticos que buscan adeptos. Yo esto del partido lo tengo de momento aparcado y ya veremos cuándo lo retomo.

Pero me metí en su página web y me fui encontrando cosas interesantes. Tienen una web sobre el maltrato "de género", ese temita preferido de ZP. Yo ya dije en cuanto salió la ley que era un grave error, que no frenaría las muertes. Por supuesto, las muertes han aumentado. Lo que no se dice es que el 22% de esas muertes son de hombres asesinados por sus mujeres. Tampoco se habla del chorro de denuncias falsas y de los 250.000 hombres que ya han echado de sus casas.

Fijaros en la estadística de suicidios: en 1999 se suicidaron 17 mujeres y 72 hombres en situación de divorcio. En 2005, después de la terapia de choque de los progres, se suicidaron 89 mujeres y 638 hombres. Se nota la mejoría, ¿no?

Un pequeño estudio en Murcia arrojó esta cifra: el 84% de las denuncias por delitos sexuales eran falsas.

Todo esto lo cuenta José Díaz Herrera en su libro "El varón castrado". Que conste que no estoy recomendando el libro porque no lo he leído, y el señor parece un poco facha. Pero tened claro que aquí se están callando muchas cosas y que la película que nos vende la progresía es mentira.

A este escritor lo entrevistaron en la Cope y se dijeron cosas como estas:
• Los rumanos y ecuatorianos producen el 80% de la violencia doméstica.
• 9 de cada 10 mendigos en Granada (son más de mil, todos hombres) han sido maltratados por sus mujeres o están divorciados.
Pero lo mejor ha sido una carta que envió la abogada Sofía Jiménez García a La Vanguardia. Dice:
Tengo 34 años, de profesión abogada, y siento vergüenza por la actitud de muchas de mis compañeras. Es una realidad que existen letradas que ante un proceso de separación matrimonial aconsejan a las mujeres acusar a sus maridos de malos tratos, sin motivo alguno, para conseguir pensiones más altas y otros beneficios.

Es más, les aconsejan visitar a un psicólogo y estar unos meses bajo terapia, a escondidas de ellos, para en el momento de pedir la separación tener el arma perfecta. El arma más perfecta posible porque ¿qué padre no quiere evitar que sus hijos oigan la palabra maltrato para que no padezcan otro sufrimiento sus hijos, que ya tienen suficiente con la separación de sus padres? Está mal que lo diga una letrada, pero… hecha la ley, hecha la trampa.
¿Lo tenéis ahora claro? Votamos a un partido que se supone socialista y obrero, de matute entran una cuadrilla de feminazis a las que nadie votó, se posicionan y construyen una dictadura encubierta, eliminando derechos fundamentales. Ante esto, la españolita sigue su tendencia natural a la rapiña y despluma al primer tonto que pilla.

Lo dice más claro la abogada Bárbara Royo García:
Y mientras tanto: ¿qué pasa con ese hombre, como otros tantos, al que la Guardia Civil ni siquiera esposó cuando le llevó al juzgado porque sus principios no se lo permitían ya que percibió la tangada de denuncia? Pues ese hombre sin techo, como otros tantos, deberá demostrar, desde debajo del puente, que es inocente, invirtiendo la carga de la prueba, sin que ella tenga que demostrar absolutamente nada acerca de la veracidad de la acusación, pues ahora ya no es necesario ni que existan lesiones. Pero, en cualquier caso, cuando hablo de lesiones no me refiero a una mano amputada, por ejemplo, sino a un simple cardenal, de los que, tanto yo misma, que me voy dando con todo objeto que se me cruza, como la gran mayoría de mortales, tenemos prácticamente todos los días. Sólo hay que ir a cualquier ambulatorio que pille de paso e imputárselos al pobre desgraciado que nos va arreglar la vida.
Actualización:
Como piden en los comentarios, vamos aportando más argumentos. En un comentario del meneo de este artículo ofrecen un interesante enlace con datos del mismo Ministerio del Interior: en 2001 fueron asesinadas en sus hogares 68 mujeres (64%) y 38 hombres (36%); en 2002 los hombres ya fueron 49 (39%); en 2003 el 37%; en 2004 el 29%; y llegamos a 2005 con 56 hombres muertos, el 40,8%. Se nota que estamos más cerca de la paridad. A ver si para 2006. La pena es que el número total de muertos fue de 137 (un récord) y el número de mujeres se ha estancado en 70-80. No se cuentan aquí los suicidios, claro, en los que vamos líderes destacados.

Otra actualización:
Siguen llegándome datos. Había alguno que dudaba de los datos de suicidio de divorciados. Pues aquí hay información sobre el temita:
Uno de los datos era la tasa de suicidio en España, año 2001, por estado civil y sexo. El pasar por un proceso de separación/divorcio, para el hombre, acrecentaba extraordinariamente las tasas de suicidio, pasando de 6 por 100.000 hombres casados, a 38. En mujeres, pasaba de 2.5 por 100.000 a 6.0. Ese incremento también se había visto en otros países (U.S.A., Australia) y en base a ello, se realizó en España un estudio que determinara el número de hombres que, por ser llevados a procesos de separación/divorcio, estaban suicidándose cada año en España. El trabajo fue publicado en Mayo de 2004, y la ultima versión, que recogía los últimos datos y las fuentes bibliográficas, es de fecha 10 de Julio de 2004. Valores mínimos de 245 hombres y 31 mujeres, en el año 2002, se suicidaron por haber sido llevados de estado casado, a separados/divorciados. El modelo usado es similar al usado para calcular la cifra de muertes que causa el tabaco, partiendo de las diferentes tasas de cáncer en poblaciones fumadoras y no-fumadoras.

[...]

Pues bien, en el presente año 2006, el INE ha sacado el nuevo monográfico "Mujeres y Hombres en España". En el mismo hay novedades con respecto a los anteriores estudios. [...] Tal y como era de esperar de gente profundamente perversa, lo han quitado. Ya no ponen tasas de suicidio en España, por sexo y estado civil. Sólo la desglosan por sexo, y enumeran las causas bajo el epígrafe "causa", tabla 6.4. ¿Cómo van a saber si la situación afectiva llevó a un hombre a suicidarse? Una vez que murió, ¿se lo preguntan al más allá? Eso sí, lo constatable, el estado civil, no se recoge en la estadística. Son gente muy mala, profundamente perversa, y están en el poder. Este año 2006, las prospecciones basadas en los datos de España dados por el INE en 2003, dan una cifra de 339 hombres al año.
Y cómo me acuerdo de la campaña electoral de ZP. Este era el que tenía que arreglar TVE, evitar la manipulación informativa. Se está destapando como un Goebbles en versión calzones solemnes. Vaya fiasco.

Otra actualización:
Maltratos a niños: