COMUNICADO DE PRENSA 13/07/2006

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EDUARDO VIVES TERUEL  Tf. 647 969 604 Valencia

Mañana finalizará en Madrid la MARCHA que varios padres separados miembros de la PLATAFORMA POR LA IGUALDAD Y LA CUSTODIA COMPARTIDA  iniciaron el pasado dia 28 de junio desde Córdoba  para pedir la custodia compartida de sus hijos e hijas y denunciar el trato discriminatorio que estos reciben en los juzgados de familia españoles.

Esta marcha finalizará en Madrid con un acto frente a la oficina del Defensor del Menor de la Comunidad a las 12 del mediodía en el que se darán cita madres y padres separados venidos de diferentes puntos de España.

En dicho acto se leerá una carta dirigida al Senado y al
Congreso de los Diputados en la que se denuncia públicamente que tanto la  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género  como la LEY 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio está suponiendo un quebranto de enormes proporciones para el colectivo de madres y padres separados y sus hijos en España que ven cómo sus derechos como ciudadanos retroceden día a día.

Manifiestan asímismo no sentirse representados por las Instituciones Españolas y haber perdido la confianza en los gobernantes que dejan desprotegidos a los hijos de padres separados al bloquear  la concesión de la Custodia Compartida en España  y permitiendo que se mantengan normas arcaicas que separan a los hijos de uno de sus progenitores

Acusan al Estado Español de vulnerar los derechos del niño recogidos en la Convención Internacional de 1990 sobre los derechos del mismo y  piensan denunciarlo ante el Tribunal de Estrasburgo y la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad, ya que se les está privando de los derechos más básicos relacionados con la filiación y esto desde las propias Instituciones

 
 En relación al trato que está recibiendo la mujer en España manifiestan que las medidas de protección contra la violencia de género, tal y como se han concebido en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, no aportan una solución eficaz ni democrática al objetivo de eliminar la lacra social de la violencia contra la mujer. Más bien esta Ley ha significado una terrible concesión a la tentación fascista de que “el fin justifica los medios”.

 Manifiestan que les resulta escandaloso que los grupos políticos de las Cortes españolas apoyaran en su día la aprobación de esta Ley, sin parangón en ningún país democrático, y que lo hicieran por razones electoralistas y populistas ya que esta ley no sólo no da solución al problema global de la violencia contra la mujer, sino que no protege eficazmente a las víctimas reales de dicha forma de violencia.

 Sin embargo, sí crea un proceso irreversible de victimización  de un sexo y de criminalización del otro, y  todo ello alentado por oscuros intereses políticos, mediáticos y financieros, siendo además auspiciado y subvencionado por el aparato del Estado lo que supone un atropello de los derechos de miles de ciudadanos inocentes que, por el solo hecho de ser varones y de encontrarse en un proceso de separación y divorcio, se ven maltratados por la maquinaria de la Justicia: se conculca la presunción de inocencia, se les imponen por sistema medidas arbitrarias que limitan la libertad individual, se les castiga por la vía penal con medidas civiles que obstaculizan caprichosamente la relación con los hijos.

 Acusan de ser los poderes públicos con este tipo de política los que incitan a la prevaricación de los juzgadores quienes prescinden de la aplicación del derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a la proporcionalidad entre la pena y el delito o la falta cometidos, el derecho a la restitución del daño ocasionado por la Justicia y el derecho a ser tratado en términos de igualdad como ciudadano, sin discriminación alguna por razón de sexo o género

 Por último manifiestan sentirse hartos y asqueados de ver cómo  aquellas personas que deberían representar a todos los españoles y ser agentes de regeneración democrática  votan normas jurídicas de inspiración totalitaria que ponen en duda la existencia real de un Estado de Derecho. 

Los padres separados que han realizado la marcha han recorrido más de 450 kms a pié atravesando las provincias de Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Madrid en pleno mes de julio con temperaturas extremas de más de cuarenta grados para reivindicar el derecho de sus hijos a ser protegidos y educados por ambos progenitores tras los procesos de separación y divorcio y denunciar la mezcla de procedimientos penales y civiles en materia de separación y divorcio

Próximamente piensan recurrir a la propia Jefatura del Estado para que medie en la recuperación de sus derechos como ciudadanos