El caso de Alba, la niña maltratada en Cataluña, y que ha saltado a todos los medios en estos días es tristemente una encrucijada de todos los elementos que alimentan la tragedia que está viviendo la infancia en España. En ella se entrecruzan la mayor parte de las perversiones de un sistema que deja desprotegida a la infancia.

En primer lugar la tragedia de Alba aparece en el centro de sucesivos cruces de denuncias por abuso sexual y maltrato, denuncias hechas por la madre al padre biológico y con las que parece que quería presuntamente cubrir el maltrato real infringido por ella y su compañero. De hecho el padre biológico tenía una orden de alejamiento. Salvo que los jueces digan lo contrario parece un caso claro de denuncias falsas para encubrir una conducta maltratadota de la denunciante.

En segundo lugar aparece en primer plano la incapacidad y la inoperancia de la justicia así como de los servicios sociales, que nada hicieron bajo la cortina de humo de las denuncias de la madre contra el padre biológico y por supuesto no se atrevieron a privar de la custodia a la madre, facilitando así la situación terrible que luego se ha producido.

En tercer lugar se ha puesto de manifiesto una vez más el carácter sesgado, demagógico y poco ético del tratamiento por la prensa de estos hechos.
Aunque no ha sido el único medio, lo cierto es que El País siguiendo la inercia que venimos padeciendo los padres separados, no tardó en atribuir torturas al padre biológico de la niña, sin contrastar como suele ser habitual y seguramente guiado por las denuncias/cortina de humo de la madre presuntamente maltratadota. Finalmente El País se ha visto obligado a rectificar, no obstante lo cual la información que ofrece sigue siendo confusa y dedica un editorial a la cuestión donde parece imputar la responsabilidad únicamente a la justicia, obviando la suya propia perfectamente ejemplificada en el tratamiento erróneo que se dio a la noticia y cargando como es habitual contra el padre.
 
Por lo demás, como no podía ser menos, toda la embrollada situación estaba atravesada por una larga disputa en torno a la custodia donde los jueces parecieron mirar para otro lado.

Por si esto no fuera suficiente se evidencia una vez más algo que determinadas asociaciones de mujeres divorciadas y/o separadas parecen querer silenciar, la potencial capacidad maltratadota de las mujeres y de las madres respecto de los menores y no sólo respecto a los hombres, cuyas cifras sin embargo siguen ocultas a pesar de la gravedad que representan.

A todo ello hay que añadir lo escandaloso del hecho de que la madre esté en libertad mientras se ha detenido a su compañero sentimental, lo que revela hasta que punto la discriminación llamada positiva (ninguna discriminación es positiva) está calando perversamente en nuestra sociedad y perjudicando no sólo a los varones adultos, en este caso el compañero de la madre (un varón que parece en este caso, como la madre, de características execrables), sino sobre todo a la infancia.

Es triste que tengan que ocurrir tragedias como esta para que salga a la luz la inoperancia de los mecanismos del Estado y el descuido en que se ha dejado a la infancia para servir a otros intereses. Esperamos que a partir de estas situación se produzca un antes y un después en la conciencia social en España, como ocurrió con la tragedia de Ana Orantes, y se aborde el gravísimo problema que se está produciendo como consecuencia de una legislación torpe e injusta y de una administración de justicia que instalada en la arrogancia y en la falta de medios parece olvidar que es un servicio público entre otros y al que debe exigirse responsabilidad.

Nota. La plataforma por la igualdad y la custodia compartida está formada por 14 asociaciones de Asturias, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León, Comunidad de Madrid y Comunidad de Valencia.