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La Comisión de Justicia aprueba la ponencia de la reforma del divorcio y aplaza los cambios La reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio podría ampliar la posibilidad de que el juez acuerde la custodia compartida de los hijos, cuando no hay acuerdo entre los padres, incluso si se opone el ministerio fiscal. El Grupo Socialista ofreció ayer una enmienda transaccional al resto de formaciones políticas que modifica la redacción remitida por el Congreso del artículo 92 del Código Civil. AGENCIAS./MADRID
El texto de la Cámara Baja mantiene que el informe del Ministerio Fiscal debe ser favorable cuando el juez quiera acordar custodia compartida, sin acuerdo entre los padres. Así, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta aprobó ayer el informe de la ponencia, que únicamente modifica el título de la Ley para hacer referencia a que también sufre cambios la Ley de Enjuiciamiento Civil, y aplazó hasta el debate en pleno del próximo día 22 de junio los posibles acuerdos en torno a la custodia compartida y a otras materias.
Tras el debate, la portavoz socialista, María Antonia Martínez, explicó que todos los grupos, salvo el PP, habían manifestado ya la aceptación de esta transaccional, aunque los portavoces de los distintos grupos prefirieron mantener vivas sus propias enmiendas para seguir profundizando en estas modificaciones. Por su parte, la portavoz del PP, Inmaculada de España, precisó que su apoyo a esta enmienda es «en principio complicado, pero no imposible».
Los socialistas plantean así una enmienda transaccional a las nueve modificaciones presentadas por todos los grupos al artículo 92 del texto, que regula la custodia compartida. Las posturas defendidas por los distintos grupos van desde dejar libertad total al juez para que decida sobre el régimen de custodia en función del interés superior del menor e, incluso, en contra del criterio de los padres hasta limitar exclusivamente este régimen de custodia a los casos en que exista acuerdo entre los padres (postura defendida por el PP). Los socialistas pretenden ahora que el informe del fiscal sea preceptivo, pero no necesariamente favorable, para que el juez adopte su decisión sobre la custodia.
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