La Corte de Madrid no ha calibrado bien lo en serio que se toma el conseller Castellano lo del desarrollo estatutario y la antigualla del Derecho Foral valenciano, y se ha atrevido a objetar que la custodia de los hijos no estuvo nunca legislada por nuestro derecho particular, es decir, por los Fueros, cuya recuperación y aplicación al Derecho Civil consagra el nuevo Estatuto de Autonomía.

Serafín Castellano, conseller de Gobernación, autonomista convencido y abogado, ha hallado hasta ocho apuntes de nuestro fueros que hacen referencia a tan polémica cuestión.
El conseller los desvelará hoy cuando presente la contestación al recurso persecutorio del Gobierno central.

Evidentemente, el texto legal que escribió Don Jaime no hace referencia a la custodia compartida, ni siquiera al divorcio, sino más bien al repudio... son las cosas que el pasar de los siglos ha ido equilibrando.

Pero el hecho de que los Fueros hubieran en su día señalado que los hijos «pertenecían»  al padre, da legitimidad suficiente al Consell para legislar ahora, ocho siglos después, sobre la custodia compartida.

Es evidente que el desarrollo del derecho Civil valenciano que el Estatuto de Autonomía consagra basándose en aquello que los Fueros hubieran legislado, no quiere decir la recuperación de éstos. Si fuera así, la mujer no tendría, no solo derechos, sino ni siquiera valor alguno, pero su constatación en Les Costums que recopiló en Rey Don Jaime, legitima a los legisladores valencianos para tener un «Derecho Civil»  propio.

Los ocho fueros que ha hallado el conseller Castellano dejarían, de ser ciertos, en evidencia al Gobierno central, ya que en su recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Custodia Compartida, el Gobierno central dijo que la custodia no tenía referencia en los Fueros del Reino de Valencia.


Rebaja de las firmas de la ILP
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, se reunió ayer con el portavoz de Compromís en Les Corts, Enric Morera, para debatir la futura reforma del Estatuto de Autonomía, que requiere del consenso de los grupos, pues ha de aprobarse por los dos tercios de la Cámara. No han trascendido los puntos en litigio, pero parece asegurado que los diputados decidirán reducir las firmas necesarias para la Iniciativa Legislativa Popular, fijadas ahora en 50.000. El Consell pretende presentar el anteproyecto de ley en enero.