Existe un acto de extrema violencia que consiste en arrebatar a un padre o a una madre un hijo o hija.

Recomiendo que se haga una encuesta en la que se pregunte directamente a una madre qué haría si estuviera en un país en que tras la separación y el divorcio se le quitaran los hijos . Por supuesto que las respuesta serían motivo de persecución a través de la actual ley de violencia de género, aunque en esta ley  el mismo hecho que es delito para el hombre es sólo falta para la mujer lo que resulta realmente incomprensible para cualquier mente sana.

Aprovechando que en la mayoría de los países existe un vacío legal al finalizar el proceso matrimonial (tal como está planteado hoy día el matrimonio, es una aberración contractual pues no está establecido un final respecto de los hijos lo que constituye una invitación a la violencia) )  ciertas “ personas”  aprovechan  esa situación para quedarse con los hijos.

Se trata de una táctica, como digo, que encierra una potencialidad de violencia impresionante,  que ha sido usada tradicionalmente por familias adineradas y poderosas y  por extensión  por todas aquellas  personas que han seguido, a  veces a través de la religión,  códigos sociales  propios de las clases dominantes.

Esta situación ha afectado durante siglos principalmente  a las mujeres que abandonaban el matrimonio  y ahora afecta de forma dramática a los hombres y siempre a los hijos, a quienes se les priva del derecho a seguir teniendo padre y madre en igualdad de condiciones en caso de que sus padres den por zanjada la  convivencia matrimonial. Lo curiosos es que lo que ha sido una doctrina tradicional de la derecha radical, sea reivindicado actualmente por los  grupos feministas también  radicales.

Para  ello, entre ambos colectivos se ha producido una alianza a la hora de  frenar la  modificación de la ley del divorcio en lo que corresponde a la custodia compartida. Se deduce, por tanto,  que los grupos feministas radicales  y la derecha fundamentalista son las dos caras de una misma moneda y que en el fondo el PSOE está siendo utilizado para hacer la tarea sucia, como está siendo patente en la presentación de enmiendas a la ley del divorcio.

Se disfrace de lo que se disfrace  la arbitraria e injusta separación de unos hijos o hijas de alguno de sus padres es un acto  injustificado, violento, basado en una extorsión cuyo nombre es el de secuestro .

La estrategia de los movimientos feministas radicales para echar una cortina de humo ante este tipo de  delito consiste en mezclar con los procesos de separación y divorcio los temas de violencia doméstica desde la perspectiva además de género , es decir , desde una perspectiva en la que se asocia  el concepto de violencia con el concepto de hombre y para lo que se ocultan los datos de maltratos y muertes de hombres.

Tomemos como ejemplo las casas de acogida de mujeres maltratadas.  Los padres separados sabemos muy bien  que no son sólo casas para proteger a las mujeres maltratadas sino casas a donde llevan a sus hijos mujeres que quieren separarse sin esperar a que  un juez establezca el régimen de separación.
 
Constituyen un acto de ilegalidad patente. Pero el Estado a través de la fiscalía de menores no lo  persigue como debiera,  calla  y  trata  de mirar a otro lado . Tampoco se persiguen las falsas denuncias a padres separados realizadas con la misma finalidad de quedarse con los hijos en los procesos de separación de cuya cuenta están dando información continuamente jueces y magistrados y que constituyen , como recientemente ha informado el Sindic de Greuges  catalán, un evidente maltrato infantil y  una fuente de daño económico y moral inabarcable para los padres denunciados.

Es evidente que en un proceso de separación los hijos deben quedar donde estén hasta que algún juez establezca el régimen de  separación justo  que no puede ser otro que el basado en el respeto del derecho de los menores a seguir teniendo padre y madre en igualdad de condiciones. Pero no. Unilateralmente se coge a los hijos y se les introduce en una casa de acogida. Es decir simple y llanamente se les secuestra.

Cualquier delito lleva asociado cotas de violencia que se expanden socialmente si  la justicia no actúa como debe. El secuestro de niños en España por parte de instituciones  inspiradas y  regentadas por  el feminismo radical , es decir inconstitucionales,  un acto impune  que vierte a la sociedad violencia de forma creciente.

En el caso del matrimonio del  príncipe Felipe sí se ha establecido un final contractual respecto de los hijos  que  le pone a salvo de las vicisitudes que padecemos el resto de los mortales españoles. Y  curiosamente, aunque se ha establecido que la custodia de los hijos quedará a cargo, en este caso del varón,  no ha habido una sola queja de esos mismos grupos feministas radicales que  se oponen a que se establezca la custodia compartida en España.

Si  la nueva ley del divorcio no recoge la concesión de la  Custodia Compartida con el mismo justo planteamiento que tiene en los ordenamientos jurídicos de países de nuestro entorno como Francia y Suecia o   más lejanos como México y  EEUU, podremos decir que no se ha dado contribución alguna a reducir la violencia social existente en la sociedad española en este campo.

La resistencia a la que estamos asistiendo en España para otorgar un régimen de Custodia Compartida en España no es algo neutro. Se trata de mantener una situación claramente delictiva : la de seguir secuestrando a los hijos tras los procesos de separación y divorcio.

Solo pedimos, desde las asociaciones de padres separados,  que un día se establezca la responsabilidad de aquellos que actúan   en este tipo de delito  y también la de aquellos que les dan cobertura desde las instituciones del Estado.