La Asociación Custodia Compartida ¡Ya! Lanzarote presenta una queja para modificar la Ley del Divorcio

La recién creada Asociación Custodia Compartida ¡Ya! Lanzarote presentó a la delegación en Lanzarote del Diputado del Común una carta en la que instó al defensor del pueblo de Canarias a que “desde su Institución se trabaje de forma efectiva con la administración pública promoviendo una modificación de la Ley para garantizar el bien superior del menor y lograr (…) que sea la guarda y custodia compartida la regla general tras los divorcios aún a falta de acuerdo entre los progenitores”.

En un comunicado, los miembros del colectivo explicaron que en el escrito dirigido al Diputado del Común argumentaron que “desde la entrada en vigor de la última reforma del divorcio en julio de 2005 el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones matrimoniales ha aumentado más de cinco puntos en nuestro país, situándose en 2009 en un 40%. Además, el actual modelo de divorcio impone, en el 92% de los casos, que los hijos queden a cargo de un solo progenitor, la madre, mientras el otro, el padre, pasa a tener, a menudo de modo impuesto, un papel secundario y sin relevancia alguna, lo que con el tiempo, en la mayoría de los casos, trae consigo la desaparición de ese referente en la vida del menor”.

Asimismo, la Asociación Custodia Compartida ¡Ya! Lanzarote sostiene en su carta que “las leyes que regulan las rupturas matrimoniales están anticuadas y es necesario reformarlas, pues producen graves perjuicios sobre todo en los menores, a los que no se les garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos padres de forma igualitaria y alterna, convirtiéndoles a menudo en instrumento de arma arrojadiza o en moneda de cambio para obtener considerables beneficios materiales en el proceso de divorcio”.

Por todo ello, la asociación instó al Diputado del Común a que desde esa institución se promueva “una modificación de la Ley para garantizar el bien superior del menor y lograr superar estos patrones sexistas propios del siglo pasado y que hoy en día contribuyen a aumentar la conflictividad familiar por la clara desigualdad que suponen entre progenitores”.

Además de la modificación de la Ley del Divorcio, la asociación contempla entre sus objetivos potenciar la mediación familiar intrajudicial en Canarias en los procesos de separación o divorcio; creación y desarrollo junto a la mediación familiar de talleres de orientación a la cooparentalidad; avanzar hacia la igualdad de los derechos y deberes en la crianza, cuidado y educación entre los progenitores con los hijos e hijas comunes; reducir la contenciosidad de las separaciones; y defender el derecho del menor o de la menor a relacionarse con ambos progenitores y con sus familias extensas en igualdad.

UNA DE LAS COMUNIDADES CON MÁS DIVORCIOS

Asimismo, las estadísticas indican que en el año 2011 habrá en España más de 100.000 divorcios. Canarias es, junto a Cantabria y La Rioja, la comunidad Autónoma con mayor porcentaje de divorcios.

Según el Instituto de Política Familiar hoy se celebran en España dos divorcios por cada tres matrimonios y se estima que casi la mitad de los matrimonios que se contraen acaban, antes o después, en divorcio.

Desde la entrada en vigor de la última reforma del divorcio, en julio de 2005, el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones matrimoniales ha aumentado más de cinco puntos en nuestro país, situándose en 2009 en un 40%. Además, el actual modelo de divorcio impone, en el 92% de los casos, que los hijos queden a cargo de un solo progenitor.

La Guarda y Custodia Compartida o responsabilidad parental compartida se aplica en numerosos países. Como el caso Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU. Francia, Inglaterra y Gales, Italia, Portugal, Republica Checa, Suecia, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico…

Finalmente, explicaron que en España, varias comunidades autónomas han modificado su legislación para dar cabida en ella a la Custodia Compartida. Como ejemplo destacan Cataluña, Aragón, Navarra y Valencia, que ya la aplican, y en País Vasco, Galicia y Murcia se estudia su aprobación.