Como el Gobierno no la regula, se estudia cómo hacerlo en la comunidad.

El Consejo de Ministros del pasado viernes decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de custodia compartida que se aprobó en la Comunidad Valenciana. Esto supone un nuevo varapalo para las intenciones gallegas de contar con una normativa propia en ese sentido.

En principio, los gallegos podrían disfrutar de la custodia compartida de un hijo como opción preferente en divorcios y separaciones a partir del año que viene, puesto que la comisión superior para o Estado e o Desenvolvemento do Dereito Civil Galego presentará su dictamen final al Gobierno gallego después del verano, según confirmaron a La Voz dos de sus responsables, Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña, y Helena Martínez Hens, profesora de Derecho Civil de la Universidade de Vigo.

Aunque el próximo 7 de julio dicha comisión volverá a reunirse para seguir avanzando en definir un borrador final que presentar a la Xunta, no es fácil que se llegue a un acuerdo total, lo que retrasará el dictamen hasta después del verano. Luego será el Ejecutivo autonómico el que tendrá que desarrollar el proyecto de ley, con la base de la propuesta de la comisión, para presentarla ante el Parlamento gallego antes de fin de año, pero que con su tramitación correspondiente seguramente no podrá aprobarse hasta los primeros meses del año que viene.

Pero antes de retocar la normativa gallega, la comisión es partidaria de que el Parlamento autonómico inste al Gobierno central a impulsar un cambio legislativo estatal que permita establecer la custodia compartida de los hijos como régimen preferente. Bello Janeiro es claro a este respecto: «El Gobierno central es el que tiene competencias para modificar el Código Civil, que es el que regula la custodia compartida. Pero a la altura de la legislatura que nos encontramos, no parece que el Ejecutivo vaya a afrontar este cambio, necesario para combatir el aumento de conflictividad en esta materia que se vive en Galicia».

Por esta razón, la comisión está estudiando el encaje normativo propio de la custodia compartida en la legislación gallega, como solución para dar respuesta a la necesidad perentoria social, como explica el catedrático gallego: «Ante la deslealtad constitucional motivada por la pasividad legislativa estatal, estamos valorando la constitucionalidad de una ley gallega de custodia compartida o la inclusión de una serie de artículos en la Lei de Dereito Civil Galego».

Muy estricto con Galicia

La situación no es fácil, según explica Domingo Bello, porque el Gobierno de la nación, tan permisivo y generoso con otras comunidades como Cataluña, que ha regulado prácticamente todo su derecho civil, es mucho más estricto con Galicia, pues recurrió la ley de cajas, el catálogo de medicamentos o la propia Lei de Dereito Civil de Galicia. En otras palabras, los expertos de esta comisión creen que, si Galicia lleva a cabo una regulación propia, el Ejecutivo central la recurrirá al Constitucional, tal y como ha ocurrido ahora con la valenciana.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en Galicia se tramitaron 6.465 divorcios o separaciones en el 2010, el 54 % de mutuo acuerdo. Casi todas las custodias -al menos el 85 %- se dan a las madres.