Madrid, Europa Press La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la custodia compartida (UEFACC) ha presentado una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y "todas las leyes autonómicas del Estado español en la materia", al entender que este tipo de legislaciones "vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos".

A juicio de los demandantes, estas leyes, "bajo la actitud aparentemente neutra de promover la igualdad" han generado "desigualdad y conflicto donde antes no lo había" y han provocado "trágicas consecuencias" así como han consagrado "un lucrativo negocio en favor de determinados intereses ideológicos", desviando así el poder del Estado.

El texto de la demanda expone en cuatro puntos las "violaciones" que, aseguran, se han producido en España del Convenio Europeo de Derechos Humanos y citan entre ellas, la "falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional" como una "violación del artículo 6.1." del citado acuerdo, relativo al derecho de los ciudadanos a que su causa sea observada por un organismo judicial independiente.

Los demandantes consideran, además, que con estas legislaciones "se promueve así el fraude de derecho con afrenta grave al concepto de igualdad, con un desproporcionado coste social consistente en vidas humanas destruidas (asesinatos y suicidios), niños separados cruelmente de sus padres y resto de familiares, provocando finalmente, la supresión del goce de los más elementales derechos fundamentales que protege el Convenio".

El documento registrado en Estrasburgo argumenta que en España se ha "implantado" una ideología "respecto a la maldad innata de los hombres y la fragilidad de las mujeres" tanto en el poder ejecutivo, como en el legislativo y en el judicial, "a nivel civil de asociaciones, federaciones y 'lobbies' feministas" --desgrama el presupuesto de algunas organizaciones--, y en los medios de comunicación.

Por todo ello, solicitan que se declaren contrarias al Convenio de Derechos Humanos y a sus protocolos y se suspenda la ejecución de la Ley Orgánica contra la violencia de género y las leyes dedicadas a este fin en Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Murcia, Canarias, Madrid y Castilla y León.