Y es que Antonio Escudero mantiene que su ex pareja, que actualmente trabaja como médico en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, le ha impedido ver al hijo que tienen en común durante veinticinco meses. En apenas un mes, el ministerio público ha contestado al juzgado que existen indicios de que la Manuela H.B. pudo haber incurrido en un delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal -donde se prevén penas de entre seis meses y un año de prisión-.

Tal y como reseñó ayer Juan Carlos Aladro, fiscal jefe de Pontevedra, la actitud de la mujer no puede ser justificada, al tiempo que, en principio, se ha percibido «una clara intención» de posicionar al menor en contra de su padre y de la familia paterna. Explicó que, para llegar a tales conclusiones, no solo se le tomó declaración a Manuela H.B., sino también a una psicóloga.

Informes psicológicos

De hecho, entre las pruebas de las que dispone Antonio Escudero para avalar sus denuncias públicas, se encuentran varios informes y escritos elaborados por el equipo del punto de encuentro de Pontevedra. En uno de ellos se deja constancia de que el menor debería quedar «al margen de sus problemas», si bien inciden sobre el papel que desempeña Manuela H.B., a quien reprochan que «debiera evitar comentarios negativos y peyorativos del padre delante de su hijo, no entorpeciendo la relación del niño con su padre y con la familia paterna».

Asimismo, se advierte por parte de los expertos «un fuerte sufrimiento emocional en el menor al estar totalmente implicado en el conflicto y muy mediatizado por su madre».

En el marco de esta situación, Antonio Escudero ha iniciado los trámites judiciales para obtener la guarda y custodia de su hijo, así como se imponga a su ex mujer a abonar una pensión de alimentos.

 LA VOZ DE GALICIA