La Mesa del Parlamento vasco aprobó el martes que la Cámara discuta la necesidad de tener una legislación propia

JAVIER MEAURIO | SAN SEBASTIÁN.Distintos intereses, indefensión de los menores e incluso situaciones de violencia de género o intrafamiliar son algunas de las razones que mueven a padres y madres separados de Euskadi a solicitar una ley vasca que regule la custodia compartida de los hijos. Según informó ayer Justo Sáenz, presidente de Kidetza-la asociación que representa a este colectivo en la comunidad autónoma- la Mesa del Parlamento aprobó el martes una iniciativa favorable a que se trate en la Cámara de Vitoria la posible aplicación de «una legislación especial y concreta para el País Vasco, lo mismo que han hecho comunidades como Cataluña, Aragón, Navarra y Valencia y que tramita actualmente Galicia».

La iniciativa fue presentada por la propia Kidetza, entidad que agrupa a las asociaciones de separados de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y «responde a una demanda social mayoritaria, que ha sido apoyada por diversas instituciones y comités de empresa del ámbito vasco hasta llegar a las 36.000 firmas». Saénz explicó que la actual ley vigente a nivel estatal no contempla muchos aspectos que atañen al colectivo de personas separadas, «por lo que se hace necesaria una legislación más ajustada a las diversas problemáticas y que dejen a los jueces menos incertidumbres a la hora de tomar una decisión». Resaltó que ahora nos movemos con una ley «machista», que fija al padre separado la situación de «pagador» y a la madre de «cuidadora».
Igualdad
La propuesta de Kidetza busca avanzar en la igualdad entre hombre y mujer en este tipo de situaciones, así como en proteger los derechos de los hijos. «Se trata de una propuesta de ley garantista de los derechos de los menores a relacionarse con ambos progenitores y con el resto de todo lo que es una familia, llámense abuelos, tíos o primos. A la vez que remarca las obligaciones de los separados de educar y colaborar económicamente en todo lo referente a sus hijos». Para la agrupación, en el mundo de los divorcios y separaciones existen muchas veces situaciones en las que el menor es «utilizado como moneda de cambio».
La normativa propuesta por los separados vascos busca rebajar la conflictividad en los juzgados, para lo que también propone que los servicios de mediación se extiendan a los ayuntamientos de Euskadi con más de 50.000 habitantes, una responsabilidad que actualmente solo se realiza en las capitales. Sáenz también destacó la necesidad de reforzar los equipos psicosociales para atender a los separados y ampliar las posibilidades para que el colectivo pueda acceder a las viviendas de protección oficial.