Euskadi, a la cola de custodias compartidas

Los jueces vascos otorgaron los hijos al padre y la madre en 142 casos, el 6,8% de las rupturas conyugales

 

La custodia compartida de los hijos en los procesos de divorcio gana terreno en las instituciones vascas, a pesar de que Euskadi es la comunidad autónoma donde los jueces menos recurren a esa fórmula (se adopta en el 6,8% de las disoluciones matrimoniales frente al 12% de media estatal). El Ayuntamiento de Vitoria ha sido el último en sumarse a finales del mes pasado a la demanda de las Juntas Generales de Vizcaya y del Ararteko para que el juez pueda resolver las rupturas matrimoniales, cuando ello resulte viable, repartiendo el cuidado de los menores entre los ex cónyuges en periodos alternos, bien con los niños fijos en una vivienda, bien mudándose éstos a la del padre o la madre.

La ofensiva de las instituciones no ha hecho más que empezar. En breves fechas, los ayuntamientos de Bilbao y de San Sebastián, el Parlamento Vasco y las Juntas de Gipuzkoa debatirán mociones similares que abogan por modificar la Ley de Divorcio y el Código Civil. Todas ellas tienen asegurada la aprobación por mayoría, a pesar de los recelos del PSE, cuyos representantes se debaten actualmente entre la abstención y el rechazo.

De momento, en Euskadi apenas se dictaron 142 custodias compartidas en 2009, sobre un total de 2.088 rupturas matrimoniales en las que el juez tenía que decidir quién se quedaba con los niños. La madre fue escogida en exclusiva en 1.805 procedimientos (85,9%); el padre, en 130 (6,3%) y las instituciones, en 11 (1%). El territorio histórico donde menos veces se dejó a los menores en manos de los dos ex cónyuges fue Álava (4,7%), mientras que Vizcaya y Gipuzkoa alcanzaron índices mayores (6,8% y 7,8%, respectivamente).

El caso de la provincia alavesa es significativo, porque en 2007 las custodias conjuntas alcanzaron allí el 14,3% del total; el triple que en 2009. Ese descenso, que también se ha producido Gipuzkoa (registró el 8,7% en 2007), resulta llamativo para la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados de Euskadi (Kidetza), ya que «coincide con un aumento de las solicitudes de custodia compartida».

Cambio de «mentalidad»

A la vista de estos datos, y de la comparación con otras comunidades -en Navarra y La Rioja las custodias compartidas alcanzan el 16 y el 18%-, incluso el Ararteko, Íñigo Lamarca, ha llamado la atención de los poderes públicos vascos para sugerirles un cambio de «mentalidad» al abordar los divorcios. En una recomendación, sostiene que «la práctica judicial» de atribuir la atención de los hijos a la madre «de forma preferente y exclusiva», incluso cuando los informes psicosociales del juzgado confirman que ambos progenitores son «igualmente idóneos», obedece a una «ideología patriarcal»; es decir, responde a los valores que están detrás de las conductas machistas. Por ello, Lamarca lamenta que la pretensión de un varón de estar cerca de sus hijos se interprete generalmente como «un intento de satisfacer sus pretensiones económicas a costa del bienestar de la prole, cuando no de eludir sus responsabilidades económicas».

«Los cambios sociales demandan cambios en las leyes», resume el Ararteko. En su escrito, insta a las instituciones vascas a apostar decididamente por la custodia compartida como ya han hecho Aragón y Cataluña, comunidades que incluso han aprobado leyes propias con ese propósito. En realidad, lo que sería necesario es modificar el Código Civil y la Ley de Divorcio, tarea que compete a las Cortes españolas. No obstante, ambas comunidades han intentado aprovechar los resquicios que ofrecen sus competencias legislativas y sus peculiaridades forales.

El ejemplo ha cundido en la Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares, que también están tramitando leyes autonómicas. Mientras, el Senado ha constituido una ponencia que concluirá sus estudios en febrero de 2011, si bien aún debe vencer las dudasde PSOE y CiU.

En el País Vasco, tanto el Ararteko como Kidetza han denunciado que la actual legislación impide que los hijos estén con el padre y la madre en periodos alternativos, aunque los jueces piensen que es lo más sensato. La explicación es que, según dispone el artículo 92 del Código Civil, basta con que uno de los cónyuges se oponga a esa solución para dar al traste con ella, y únicamente la intervención del fiscal, que raramente se produce, puede alterar la situación. Según Íñigo Lamarca, esa capacidad de veto constituye «un obstáculo de primer orden para la igualdad». La manera de superarlo no es «obligar a hacerse cargo de la prole a quien no quiera», pero sí impedir que el progenitor que pretende quedarse con los niños en «exclusiva» no pueda «imponer su voluntad» y condicionar la decisión del juzgado.

El Tribunal Supremo parece estar acuerdo con ese criterio. Una sentencia de la Sala de lo Civil dictada el mes pasado, y de la que fue ponente la magistrada Encarnación Roca, dio finalmente la razón a un hombre que quería compartir la custodia de su hijo y había visto rechazada su pretensión por un juzgado de Primera Instancia de Valencia y por la Audiencia provincial. El Supremo argumentó en su caso que, cuando lo que más conviene a un menor es que lo cuiden su padre y su madre, ésa es la solución que hay que aplicar, aunque uno de los litigantes se oponga.

El presidente de la Federación de Padres y Madres Separados de Euskadi, Justo Sáenz, entiende que ese razonamiento es suficiente para cambiar del artículo 92 del Código Civil y también el artículo 96, en virtud del cual el uso de la vivienda conyugal se acaba adjudicando al ex cónyuge que obtiene la custodia, mientras que el otro tiene que buscar alojamiento (segunda vivienda, alquiler de piso o habitación, pensión, casa de los padres o hermanos). Sáenz calcula, basándose en las estadísticas de divorcios contenciosos, y en la proporción de custodias otorgadas a la madre (88%), que unos 400.000 varones se han encontrado en esa situación en España durante los últimos diez años. «Las cifras tienden a exagerarse -advierte-. En realidad, la gente rehace su vida».

«Pactos de relación familiar»

Kidetza lleva años solicitando a los partidos e instituciones vascas que se movilicen para lograr que la custodia compartida sea reconocida en la Ley de Divorcio como «opción preferente». La asociación considera que los actuales convenios que regulan las rupturas matrimoniales «son muy amplios» y habría que reemplazarlos por «pactos de relación familiar más concretos». Y propone que, cuando la decisión sobre quién debe cuidar a los hijos se mezcle con una acusación leve (un un insulto, por ejemplo), se aplique la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme, y se permita a la autoridad judicial «valorar la gravedad de los hechos» antes de resolver.

Sobre la Administración de Justicia planea el modelo francés para los divorcios, en virtud del cual cuando una pareja quiere poner fin definitivamente a su relación el juez del país vecino los envía primero, y de forma obligatoria, a un trabajador social que les explica que la mediación familiar es una solución no sólo conveniente para los hijos, sino más eficaz y barata para los progenitores y para el contribuyente.

El Departamento vasco de Justicia se ha mostrado a favor de impulsar la vía de la resolución pacífica de conflictos para desatascar los juzgados de pleitos, entre ellos los matrimoniales. En los partidos judiciales de Vitoria y Barakaldo ya se han creado servicios para ayudar a las parejas rotas a zanjar su relación de mutuo acuerdo.