La sociedad española ha avanzado mucho en la responsabilidad compartida entre ambos progenitores en el cuidado, la educación y la manutención de sus hijos. Un logro que todos consideramos positivo y que, de hecho, las mismas instituciones han alentado con todo tipo de campañas. Sin embargo esta deseable coparentalidad se acaba bruscamente cuando cesa la convivencia de la pareja a causa de la ley de divorcio actualmente vigente, pues otorga la guarda y custodia de los hijos a la madre tan sólo con que ella lo pida. Así, aunque el padre deseara compartir la custodia, si la madre no quiere, le será negada. Lo cual genera importantes contradicciones, pues ¿era buena la implicación del padre con los hijos antes y ahora no? ¿se debe volver tras el divorcio al rancio modelo de los niños con la madre y el padre a trabajar para aportar dinero a la otra casa?

Hay dos cosas muy importantes que todo gobierno debería cuidar al máximo: intentar que las leyes recojan lo mejor posible los cambios sociales ya asentados, y no contradecir su propio discurso. En estos cinco últimos años ha quedado más que demostrado que la citada ley no responde a la realidad de la familia española actual, y está generando graves enfrentamientos tras los divorcios que finalmente perjudican a los hijos a quienes dice querer beneficiar. Es por ello que varias comunidades autónomas están promoviendo leyes igualitarias en lo relativo a la custodia de los hijos tras la ruptura de la convivencia de la pareja. La valenciana parece que va a ser la tercera –tras Aragón y Cataluña recientemente- en legislar lo obvio, que los hijos tienen derecho a mantener el vínculo con los dos progenitores en las mismas condiciones de valor en lo educativo y en lo afectivo, para lo cual debe plantearse la custodia compartida no como excepción o preferencia, sino como algo normalizado, como ocurre en tantos otros países europeos y no europeos avanzados en derecho de familia y en igualdad. Pues en el fondo lo único que realmente se está pidiendo es igualdad de género, pero también después del divorcio. Y si quedan todavía dudas sobre la injusta desigualdad que impone la ley actual, basta con hacer un sencillo ejercicio de inversión de género: ¿aceptaríamos una ley discriminatoria que diera la custodia al padre con sólo pedirla éste, y que a su vez expulsara a la madre del domicilio familiar? pues si el planteamiento no parece justo, lo mismo ocurre si donde hemos escrito padre ponemos madre, ateniéndonos a un principio básico de igualdad entre personas en relación a las responsabilidades y derechos para con sus hijos.

El gobierno valenciano tiene ante sí el importante reto de redactar una ley realmente igualitaria que permita y potencie la coparentalidad, un deseable modelo que el feminismo mayoritario siempre ha apoyado, pues es el único que facilita no sólo un equilibrio afectivo con los hijos, sino también el tiempo necesario para la realización personal y profesional de la mujer.

La sociedad valenciana demanda una ley acorde con su propia madurez, sin paternalismos institucionales ni presiones de grupos feministas radicales que no se guían precisamente por el principio de igualdad. La custodia compartida de los hijos, sin discriminación de los padres por motivo de género, es una necesidad impostergable que debe ser refrendada por todos los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas, incluido el PSOE, que tendría que preguntarse dónde está ahora la igualdad tras el divorcio y cuáles son realmente los intereses de los hijos, que no se limitan, por cierto, sólo al dinero y al cobijo, pues también necesitan de la afectividad del padre en una convivencia con toda su riqueza y cotidianidad, no de tarde de los miércoles y fines de semana alternos.

José Albelda - Profesor de universidad