Aprobado un anteproyecto de ley que diluye la custodia compartida

Justicia cede aún más a las presiones de diversos sectores

El Libro Segundo del Código Civil de Cataluña que iba a convertirse en una ley pionera en España lleva camino de defraudar muchas de las expectativas creadas. El anteproyecto inicial de la época de Josep Maria Vallès en el que se hablaba que en caso de divorcio, los jueces aplicarían de manera preferente la custodia fue modificado por el actual Departamento de Justicia para hablar de "responsabilidad parental con carácter compartido". Y ayer hubo un nuevo tijeretazo al anteproyecto que aprobó el Gobierno catalán, pues ni siquiera se habla de preferencia.

El redactado aprobado es difuso y asegura que el juez "ha de atender de forma prioritaria el interés del menor, tanto si la custodia se mantiene con carácter compartido, como si se atribuye con carácter individual", según consta en el artículo 233.8. Pero no se dice cuál debe ser esa preferencia. Más adelante se mantiene la ambigüedad, de manera que si se habla de compartir se utiliza el término "responsabilidad parental", pero si ha de ser individual se utiliza la palabra custodia.

Las presiones de diversos sectores feministas y la división en los partidos que sustentan el propio tripartito explican esas modificaciones. El grupo parlamentario de ICV, por ejemplo, celebró el jueves una tensa reunión en la que afloraron las dos posiciones enfrentadas. Por un lado, la liderada por Mercè Claramunt, presidenta de Dones amb IC, vicepresidenta de la formación y directora de Juego, absolutamente contraria a la custodia compartida. Por otra, la del diputado Salvador Milà, defensor de la preferencia que ha de tener esta fórmula en caso de divorcio.

Tampoco en ERC existe unanimidad. Los colectivos agrupados en torno al Instituto Catalán de la Mujer siempre han sido reacios a la custodia compartida, como las abogadas que colaboran con este organismo. Y es que cuando el juez atribuye a una mujer la custodia de los hijos, eso arrastra la pensión de alimentos que ha de pagar el padre y el uso de la vivienda. Pero sólo hasta que los hijos se emancipen, por lo que a los 55 o los 60 años la mujer puede perder la casa si el hombre, en uso de sus derechos, pide la parte del inmueble que le pertenece. El anteproyecto de ley que ahora pasará al Parlament acababa inicialmente con ese paquete de casa, hijos y pensión al atribuir la custodia compartida y separar a los hijos del conflicto entre los padres por la vivienda, pero si se mantiene el redactado actual será difícil romper ese paquete.

CiU y PP censuraron ayer el texto, pero porque lo consideran una injerencia en la vida familiar, una acusación que rechazó la consejera de Justicia. El objetivo del anteproyecto es evitar, en la medida de lo posible, que "las discrepancias" entre cónyuges lleguen a los tribunales de justicia porque, con anterioridad, se han resuelto de mutuo acuerdo, dijo Montserrat Tura, informa Josep Garriga. Lo que ha pretendido el Gobierno, precisó, es "adaptar" la ley a "determinados cambios culturales" de la sociedad catalana.

Algunos colectivos reaccionaron ayer mismo. Mujeres por la Igualdad, un grupo feminista que está por la custodia compartida, aseguró que el redactado es difuso y está sujeto a interpretaciones, contraviniendo la voluntad popular y el sentido común, así como los derechos fundamentales de los niños.

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