LA ASOCIACION CUSTODIA COMPARTIDA YA, MUESTRA SU RECHAZO A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE RECURRIR LA LEY ANTE EL TC

 

La asociación de padres y madres separados Custodia Compartida Ya y la de Abuelos por la Custodia Compartida de la Comunidad Valenciana han mostrado este sábado su rechazo "total y absoluto" a la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, más conocida como Ley de Custodia Compartida.

La asociación de padres y madres separados Custodia Compartida Ya y la de Abuelos por la Custodia Compartida de la Comunidad Valenciana han mostrado este sábado su rechazo "total y absoluto" a la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, más conocida como Ley de Custodia Compartida.

Según el Ejecutivo central, el recurso se basa en que la norma autonómica regula instituciones civiles que carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación foral civil de Valencia y, por tanto, excede las competencias de la región. La Ley pretende repartir a partes iguales la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos y conceder a ambos el mismo tiempo y las mismas oportunidades de convivir con ellos una vez rota la relación.

No obstante, las asociaciones por la custodia compartida han destacado en un comunicado que se trata de una "maniobra" para "obligar a la Comunitat a que renuncie a sus derechos de legislación autonómicos" y han anunciado que exigirán al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que "aclare si los vecinos de la Comunidad Valenciana somos ciudadanos de primera o de segunda categoría, según su partido".

En este sentido, han resaltado que la Comunitat es "una autonomía de pleno derecho y legalidad, y debe tener el mismo rango que el resto de autonomías similares como Cataluña, Navarra y Aragón".

"feminismo totalitario y excluyente"

Asimismo, han condenado "la deriva tomada por este Gobierno hacia un falso feminismo, de carácter totalitario y excluyente, que tanto dolor esta causando y que sólo pretende un revanchismo que está abocando a los hombres y mujeres a una guerra constante".

Las dos asociaciones han criticado que se vaya a someter a un recurso de inconstitucionalidad una ley "que ha sido demandada por más del 80 por ciento de la población valenciana", una decisión que, a su juicio, "pisotea el interés del menor ante la incredulidad de los miles de progenitores que ven cómo son apartados de sus hijos y cuyo único crimen ha sido separarse o divorciarse del otro progenitor".

"El interés del menor no pasa por eliminar a uno de los progenitores y aplicar una ley, la estatal, que tiene un artículo, el 92.8, con tres recursos de inconstitucionalidad y se sigue aplicando desde su imposición desde el año 2005", han aclarado ambas entidades.

Maltrato institucional a los menores

Las asociaciones han señalado que la intención de echar para atrás la norma es "la peor forma de perpetuar el maltrato institucional hacia los niños y niñas valencianos, destruyendo los lazos familiares que le quedan a un niño después de la separación de sus progenitores de la forma más cruel y perversa".

Han recalcado que las leyes de custodia compartida "fomentan el diálogo y la igualdad entre hombres y mujeres", tal y como demuestran los resultados de los vecinos europeos que tienen "leyes igualitarias y avanzadas desde hace más de 15 años".

Por ello, han concluido asegurando que aunque los niños no voten, ellos —los padres— si lo harán y sabrán defender en las urnas los derechos de sus hijos a estar con su padre y con su madre.

 

El Consejo de Ministros considera que el texto excede las competencias en legislación foral y civil

EUROPA PRESS MADRID/VALENCIA
El Consejo de Ministros ha acordado, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2011 de la Comunitat Valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como ley de Custodia compartida.

El Gobierno entiende que esta norma autonómica regula instituciones civiles que carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación foral civil de Valencia y, por tanto, excede las competencias de la región para la "conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano" y "vulnera" las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil.

Según el artículo 149 de la Constitución, se reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la "legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las autonomías de los derechos civiles, forales o especiales, donde existan".

El Consejo de Ministros indicó que la Ley de la Comunitat Valenciana no puede encontrar amparo en su competencia exclusiva reconocida en el artículo 49.1.2 de su Estatuto de Autonomía, dado que no desarrolla ninguna disposición del Derecho Civil de la comunidad autónoma, por lo que excedería sus competencias.

Por su parte, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha denunciado que el Gobierno central "está negando a la Comunitat Valenciana el autogobierno" al presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Custodia Compartida.

Castellano critica que el Gobierno "use siempre la competencia como excusa para discriminar políticamente a la Comunitat" y agrega que con esta decisión, "una vez más quiere que los valencianos estén en segundo plano a nivel político y competencial".

El conseller pedirá que se convoque "cuanto antes" la comisión bilateral de cooperación para defender los argumentos que sostienen la competencia de esa ley. "El Consell va a ser firme en la defensa de los valencianos, de sus señas de identidad, de su historia, de su futuro y en la defensa de una competencia que La Generalitat tiene estatutariamente atribuida", apostilló.

 

El Ejecutivo considera que la norma valenciana, en vigor desde el 5 de mayo, invade competencias exclusivas del Estado

El Consejo de Ministros acordó ayer interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de custodia compartida, que establece que si no hay acuerdo entre los padres en un proceso de divorcio, el juez debe primar la imposición de esta figura para determinar el régimen de convivencia de los hijos, siempre que se cumplan una serie de requisitos por parte de los progenitores.

El Gobierno, que cuenta con el dictamen favorable al recurso del Consejo de Estado, justifica la decisión al entender que la norma vulnera las competencias del Estado sobre legislación civil. A juicio del Ejecutivo, regula instituciones civiles que carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación foral valenciana y, por lo tanto, excede las atribuciones de la autonomía.

El Gobierno añade que la Constitución, en su artículo 149, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación civil, «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, donde existan». Precisamente, el Consell se amparó en el articulado del Estatuto que recoge esta misma cuestión para impulsar la ley.

Sin embargo, el Ejecutivo recalca que la ley valenciana, que entró en vigor el pasado 5 de mayo, «no puede encontrar amparo» en la competencia exclusiva que reconoce el Estatuto (artículo 49.1.2), «dado que no desarrolla ninguna disposición propia del derecho civil de la comunidad autónoma».

La réplica del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, no se hizo esperar. Lamentó que el Gobierno socialista «use siempre la competencia como excusa para discriminar políticamente a la Comunitat», y añadió que «una vez más, quiere que los valencianos estemos en un segundo plano a nivel político y competencial».

Castellano no se mostró sorprendido por la decisión, pues dijo que ha sucedido lo mismo con la Ley de Régimen Económico Matrimonial, también recurrida. «Además, han sido incapaces de cumplir su palabra y retirar el recurso», dijo, antes de añadir que la decisión del Ejecutivo busca frenar «la capacidad de autogobierno» y que responde a una motivación política.

«El Consell- continuó- no va a consentirlo y va a ser firme en la defensa de los valencianos, de sus señas de identidad, de su historia, de su futuro y en la defensa de una competencia que la Generalitat tiene estatutariamente atribuida».

Castellano aseguró que con el Estatuto en la mano «nadie puede negar la competencia para conservar, modificar y desarrollar nuestro derecho foral, no sólo porque lo dice el artículo 49.1.2, sino porque el artículo 7 y la Disposición Transitoria Tercera son de una claridad meridiana» en este sentido.

El conseller ya ha anunciado que pedirá la convocatoria de la comisión bilateral de cooperación entre el Gobierno y el Consell para buscar algún tipo de acuerdo. En el caso de que el Constitucional falle a favor del Gobierno, habrá que esperar al contenido de la sentencia para saber qué sucede con los procesos en los que actualmente se ha aplicado la ley. Eso sí, la previsión es que no supondría una aplicación retroactiva, pues este tipo de sentencias siempre pueden variar por otros motivos. Hay que recordar que las situaciones relacionadas con el derecho de familia nunca son definitivas, pues un cambio personal (por ejemplo de lugar de trabajo) puede acarrear una revisión del régimen de convivencia.