Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía del menor, da fe de que «el maltrato a la infancia existe, y en mayor medida de lo que parece».

-Cuesta creer que haya padres que lleguen a maltratar a sus hijos hasta matarles.

-Muchos casos son consecuencia de la droga o el alcoholismo. Otras veces no hay maltrato consciente pero sí una grave dejación: los padres van al bingo y el niño, que está solo, prende fuego a la casa. Y otros casos obedecen al puro nerviosismo, al estrés. Padres o madres sin apoyo, con muchos problemas, que en un momento de desesperación cogen al niño lo estampan contra la pared.

-¿No hay mecanismos para detectar a tiempo estas situaciones?

-Tenemos la idea de que ser padre da muchos derechos sobre los hijos, que la patria potestad es un seguro. Y yo creo que no. Un padre debe ser padre hasta que demuestre que no lo es. Se tarda mucho en retirar la tutela a un hijo cuando ya ha maltratado a su hermano mayor.

-¿Qué falla?

-Si un hombre maltrata a una mujer, se le imponen medidas de alejamiento. Yo creo que cuando a un niño se le rompe una clavícula y el médico nota que ha sido por la fuerza y al poco tiempo tiene otra lesión... hay que sacar a ese niño de la familia. Lo que no puede ser es que haya padres que maltraten a un hijo, a los dos años a su hermano y todavía dudemos de si les retiramos la custodia del tercero. Ahí somos muy lentos y dejamos que haya muertes o lesiones irreversibles en los pequeños que no aparecen en la estadística.

-Se habla mucho del maltrato a las mujeres pero el que sufren los niños queda en segundo plano.

-Y en realidad hay más maltrato a los niños que a las mujeres. Una mujer puede denunciar pero un crío no sabe cómo hacerlo o no puede. Se habla mucho de adolescentes que maltratan a sus padres pero no confundamos: hay más padres que maltratan a hijos que hijos que pegan a sus padres. Estos casos, aunque son más espectaculares, son minoritarios.

-¿Hay lagunas en el aspecto legal?

-No, no, el problema está en la toma de decisiones. Las comunidades autónomas tienen la capacidad de retirar la tutela de forma automática, no hace falta que un juez vea el caso. La ley es clara: si hay indicios de malos tratos, hay que retirar la tutela inmediatamente. Después ya habrá tiempo de comprobar los hechos. La segunda parte es: ¿Hay que devolver el niño a los padres, hay que dejarlo con otros familiares, darle en acogimiento? Ahí es donde la Administración duda, en el convencimiento de que donde mejor puede estar un hijo es con sus padres. Y no siempre es así. Unos porque están perturbados y otros porque, sencillamente, no les quieren.

-Suena terrible.

-Pero es verdad. En esos casos hay que retirar inmediatamente al niño de este hogar para salvarle la vida.

-¿Hay padres perversos?

-Sí, hay casos increíbles. Padres que dan pastillas a sus hijos, les meten la mano en el microondas, les inyectan heces, les queman con cigarrillos, les clavan alfileres... Cualquier médico de urgencias conoce algún caso.

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Desde la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de la Mujer se ha hecho hincapié siempre en que las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas, en la actualidad más de 170, salen de un puñado de juzgados, alrededor de una veintena, a medida que les llegan casos similares. Y en esta cifra están incluidas, recuerdan a menudo, las cuestiones que se plantean por otra razón, la de protección automática de la víctima mediante una orden de alejamiento al agresor una vez que se ha sentenciado violencia machista, sin permitir que el juez decida ante cada caso. Esto último tiene que ver con una reforma legal de 2003.

Tampoco ha habido unanimidad absoluta entre las feministas alrededor de estas cuestiones. Algunas se han pronunciado si no del todo en contra, sí moderadamente discrepantes con esta distinción entre hombres y mujeres, que, opinan, las presenta innecesariamente como víctimas indefensas e incapaces de protegerse.

Esta discriminación penal siempre se ha defendido por parte del Gobierno como una medida positiva necesaria. Considera que en casos de violencia machista la mujer está en inferioridad de condiciones, tanto físicas como de carácter histórico y cultural, es decir, inmersa en una espiral de miedo y aceptación enferma de lo que le ocurre que dificulta su defensa y confiere mayor fiereza al delito del maltratador.

Las feministas que así lo han expuesto se saben avaladas por el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a remover los obstáculos que dificulten la igualdad real. Los contrarios, sin embargo, opinan que con ello se podría vulnerar precisamente la igualdad entre sexos que se proclama en el artículo 14 y el derecho a la presunción de inocencia.

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