05.07.2009 
SOLEDAD Un menor, acurrucado en la puerta de su casa. AP
Pasado mañana se reunirán miembros de la conselleria de Gobernación y representantes de Custodia Compartida para poner sobre la mesa cuestiones referidas a la nueva ley. Una nueva toma de contacto con el objetivo de que la norma recoja todas las sensibilidades de los afectados por un proceso de divorcio.
Una de las figuras que el colectivo de padres divorciados considera innegociable es la del mediador. Custodia Compartida exigirá que el árbitro sea «obligatorio» en todos los procesos de divorcio. Lo que no están dispuestos a aceptar es que, como se recoge en el anteproyecto de ley de Cataluña, el papel de esta persona sea voluntario.
El mediador es un profesional (psicólogo, trabajador social) que trata que los dos miembros del matrimonio lleguen al mejor de los acuerdos y que en ningún caso se perjudique a los hijos. Además, los miembros de Custodia Compartida quieren que la decisión que tome el mediador sea vinculante para el juez que lleve el proceso de divorcio.
La idea es que por ley se pueda llegar a un acuerdo sobre el reparto de la casa (si se vende o se la queda una de las partes del matrimonio), sobre el coche y del resto de bienes. De esta manera, si la mujer se queda con el hogar familiar, podría compensar económicamente a su marido para que este pudiera adquirir otra vivienda.
Otra de las cuestiones fundamentales para los padres separados es la de la violencia de género. Este asunto se ha convertido en uno de los grandes problemas en los procesos actuales de divorcio. Custodia Compartida no quiere la convergencia civil y penal en la ley: «Esto anularía totalmente a la custodia compartida».
El artículo 92.7 de la nueva Ley del Divorcio es calificado por los progenitores varones como el mayor de los problemas. El texto legal señala que no procederá la guarda conjunta «cuando cualquiera de los dos padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica».
Los miembros de Custodia Compartida alertan de que algunas de las denuncias presentadas por casos de violencia doméstica son falsas. Como ejemplo ponen el del hombre de 39 años de Sevilla que ha pasado once meses en prisión por ocho denuncias de maltrato presentadas por su compañera sentimental. Al final se demostró que las acusaciones eran falsas porque la mujer se autolesionaba con un cúter.
Colapsar juzgados
En Custodia Compartida creen que esta situación puede «colapsar» los juzgados «por la presentación de denuncias de madres que recurran a la violencia doméstica con el único fin de mantener la custodia de los hijos y evitar que esta sea compartida».
David Ferrer, en la última protesta que protagonizaron hace 15 días los miembros de la asociación que preside, relató su caso: «Mi mujer me denunció por lo penal. A partir de entonces empecé a ir de juicio en juicio y mientras veo a mis hijos dos horas a la semana. Yo quiero ser padre todos los días y de pleno derecho, participar en su vida y no ser visitante, eso es para los presos».
La situación de Ferrer se ha dado en otros padres separados, que se encuentran inmersos en un juicio penal por las denuncias presentadas por sus ex parejas.
Custodia Compartida espera que en la reunión de pasado mañana se avance significativamente para poder poner en marcha la nueva ley valenciana que regirá sobre las parejas que se divorcien en la Comunitat. «Esperamos que cumpla el Consell con su promesa», señaló Ferrer.
